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SANTO DOMINGO.- El 57.94 % de los asuntos judiciales evaluados en República Dominicana se resolvió fuera del plazo establecido por la ley, lo que genera gastos adicionales, pérdida de ingresos y retrasos en inversiones y decisiones personales.
Los datos están contenidos en un estudio de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
La investigación, titulada Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana, estuvo a cargo del investigador Rolando M. Guzmán-
Fueron examinados 769,823 asuntos fallados entre enero de 2025 y junio de 2026, además de recoger las experiencias de 230 usuarios y realizar entrevistas a empresas, abogados y expertos.
DURACION PROMEDIO DISMINUYO ENTRE 2025 Y 2026
De los 623,514 asuntos sujetos a evaluación de plazos, unos 361,270 fueron resueltos fuera del tiempo legal, mientras que 262,244 se decidieron dentro del período correspondiente.
Aunque la duración promedio de los procesos disminuyó un 10 %, al pasar de 80.9 días hábiles en el primer semestre de 2025 a 72.7 días en igual período de 2026, persisten diferencias importantes según la materia y el tribunal.
Entre los encuestados que reportaron honorarios legales, el gasto promedio fue de RD$64,888, mientras que otros desembolsos representaron RD$56,204. Además, el 82.17 % gastó en transporte y el 81.74 % en copias o certificaciones.
El 52.61 % afirmó haber interrumpido su trabajo por el proceso judicial, el 34.35 % reportó pérdida de ingresos y el 27.39 % perdió oportunidades de negocio.
SALUD E INVERSIONES AFECTADAS POR DEMORAS
Los asuntos inmobiliarios registraron la mayor duración promedio, con 165 días hábiles, seguidos de los civiles, con 139, y los laborales, con 114. Las cortes de apelación promediaron 148 días.
En cuanto al bienestar, el 57.39 % de los usuarios manifestó estrés o preocupación constante, mientras que el 38.26 % reportó ansiedad.
El estudio advierte que la incertidumbre judicial puede frenar inversiones y perjudicar especialmente a pequeñas empresas. Aunque reconoce avances en la digitalización, recomienda reducir las demoras y garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias.
an/am