Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Abinader incorpora medallistas al Parni y duplica sus fondos
Colombia decreta 3 días duelo nacional por víctimas terremoto
EEUU: Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca
Irán responde a Trump y le dice que Ormuz seguirá bloqueado
La ONU lamenta Rusia inhabilite al partido no apoya la guerra
Hay mayor apreciación del peso dominicano, dice Banco Central
ABA destaca dinamismo crédito y fortaleza de la banca de la RD
Eclipse oscurece partes Europa con un espectáculo excepcional
Abinader entrega 40 autobuses para estudiantes universitarios
China realiza ejercicios militares con Indonesia al este de Taiwán
SANTO DOMINGO.– A tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), organizaciones sociales y familias denuncian que la normativa continúa sin una aplicación efectiva, lo que mantiene a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La legislación, aprobada con el objetivo de garantizar diagnóstico temprano, acceso a terapias, cobertura médica integral e inclusión educativa y social, ha sido señalada por distintos sectores como una ley “parcialmente inoperante” debido a retrasos en su implementación y falta de recursos asignados.
Representantes de asociaciones vinculadas al tema aseguran que, pese a su entrada en vigencia, persisten obstáculos estructurales como la ausencia de una partida presupuestaria suficiente, la limitada cobertura de terapias especializadas y la lenta expansión de programas públicos de atención.
Asimismo, critican que el proceso de reglamentación y ejecución ha avanzado de manera desigual, lo que ha impedido que los beneficios de la ley lleguen de forma efectiva a la población que lo necesita.
En contraste, autoridades han informado en distintos momentos sobre iniciativas en coordinación con el sistema de salud y el seguro público para ampliar la cobertura de servicios relacionados con el TEA, aunque estos esfuerzos aún no son considerados suficientes por las familias afectadas.
Mientras tanto, padres y cuidadores continúan reclamando mayor voluntad política y una ejecución integral de la ley, advirtiendo que la falta de atención oportuna profundiza las dificultades educativas, sociales y económicas que enfrentan las personas con autismo en el país.
La situación mantiene abierto el debate sobre la brecha entre la promulgación de leyes sociales y su implementación efectiva en la República Dominicana.
of-am
