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Entidades reclaman entrega del 15% bienes confiscados a narcotraficantes
SANTO DOMINGO.- Un grupo de organizaciones que trabajan con la prevención y tratamiento de adicciones a las drogas reclamaron al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la entrega del 15% de los bienes confiscados a narcotraficantes, como establece la ley.
«La entrega de estos recursos provenientes de lavados de activos producto del tráfico de drogas, inexplicablemente ha quedado en un limbo desde mayo del 2018, fecha cuando se realizó la última entrega, quedando pendientes varios procesos conocidos y sonoros a nivel público», expresaron en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.
Refieren que «desde que se empezaron a entregar estos recursos, en 2007, el promedio de entrega fue de 3 por ciento, llegando a recibirse hasta 8 entregas en el 2014».
«Somos 21 organizaciones, todas reconocidas por las autoridades competentes. Actualmente atendemos a 1,070 personas usuarias de drogas, sin incluir a sus familiares. Hemos sido reiterativos por las vías pertinentes en la Procuraduría General de la República, que tuvo a su cargo la más reciente distribución y entrega», indican.
Sostienen que «como parte interesada y necesitada, y con calidad para reclamar el derecho de tener acceso a la libre información, también hemos solicitado información sobre el destino de los bienes materiales y los fondos que hayan sido procesados hasta su etapa final. Pero esto ha sido inútil».
«Se actúa como si se ignorara que somos los más importantes aliados del Estado y la sociedad para trabajar el tema drogas desde la perspectiva salud y educación. Se actúa con indiferencia a sabiendas que la vasta mayoría de nuestras organizaciones no reciben recursos del presupuesto del Estado y solo cuentan con los recursos de la ley 155-17, para la asistencia de todo el que solicita nuestros servicios», manifiestan.
Agregan que «las deficiencias y brechas de la salud mental se apoyan en nuestras instituciones, pero sin estos recursos se hace insostenible nuestra labor social, en apoyo principal a la salud pública y al sistema educativo».
«Se nos cierran las opciones, y con ellas nuestras posibilidades de seguir siendo la principal respuesta en materia de prevención y atención a las personas usuarias de drogas en nuestra sociedad. En el transcurso de este año 2019 varias entidades representadas en ésta declaración se han visto forzadas a cerrar locales, por la carencia de recursos para continuar operando», afirman.
Indican que «parece que las autoridades no conocen, o poco les importa las limitaciones y precariedades con las que estamos atendiendo la demanda de las personas que acuden a nuestros centros en búsqueda de una mano amiga, que les ayude a superar el terrible drama que se genera en la persona afectada por la enfermedad llamada adicción a las drogas».
«Hemos enviado dos correspondencias al procurador general, Jean Alain Rodríguez, al sentirnos ignorados reclamamos la intervención de todo el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, y especialmente del Ministro de Hacienda, quien lo preside. No queremos vernos en la obligación de reclamar nuestros derechos mediante acciones masivas de protesta y reclamo, distrayéndonos de nuestra labor al lado de las personas que nos necesitan», subrayan.
El documento está firmado por el Ministerio Rescatados del Lodo, Fundación Ciudades de Refugio, -Fundación Dios es Fiel, Jesús, Ministerio Juan 3:16, Ministerio con Cristo Se Puede, ASCAYD, Desafío Juvenil, Nuevo Renacer, Albergue de la Esperanza, Reto a la Juventud, Centro de Restauración Gabaón, Ministerio Evangelístico Carcelario Rescatando Adictos para Cristo, Casa del Alfarero, Mission Yeshua Temple Church Foundation, Fundación Hermanos Unidos en Cristo, Comunidad Terapéutica Huec, Mesón de Dios, Fundación Fénix, Fundación Volver, Hogar CREA Internacional y Casa Abierta.