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SANTO DOMINGO.- La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús, una entidad perteneciente a la Iglesia Católica, recomendó que en la República Dominicana el Ministerio Público no dependa directamente del Poder Ejecutivo y tenga independencia administrativa y financiera, como forma de fortalecer la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Opinó que dichos males han alcanzado en el país dimensiones desproporcionadas debido a una voluntad política permisiva y la ineficacia de la legislación para sancionar a funcionarios que se enriquecen de forma ilegal.
En su informe “Situación de los derechos humanos en el 2017” considera que el ordenamiento jurídico es benevolente desde el punto de vista legislativo, judicial, político y penitenciario, frente a determinados tipos de delincuencia, como la política por soborno “que viene afectando desde hace décadas el desarrollo democrático del país”.
“La corrupción es la causa y el problema esencial de muchas violaciones de derechos humanos. Nos hace entender el carácter sistémico y estructural del fenómeno donde los culpables de actos corruptos no son perseguidos, ni sancionados por una expresa institucionalización de la impunidad”, agrega.
El informe enumera los distintos informes internacionales que sitúan al país en mala posición en corrupción. También recoge el estudio de Oxfam sobre los recursos que se dispendian en el país, afectando los derechos a la salud, la vivienda, al trabajo y a la seguridad social.
Otras recomendaciones
La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús recomienda que el Ministerio Público no dependa financieramente del Poder Ejecutivo, y que sea creada una fiscalía especializada contra la corrupción y crimen organizado.
Además sugiere que en Consejo Nacional de la Magistratura sean incluidos representantes de la sociedad civil, las universidades y la minoría congresual “para evitar el secuestro de la justicia y que se siga poniendo al servicio de la impunidad”.
Sugiere la creación de un régimen electoral y una ley de partidos transparente y democrática que impida que en las campañas electorales los partidos reciban financiamiento ilegal.
Otras sugerencias son impulsar la ley de extinción de dominio, lo cual –a su juicio- permitiría la recuperación de los fondos públicos robados por funcionarios públicos y entes privados, así como reformar el Código Penal para establecer un catálogo de delitos sobre corrupción pública y privada, así como el Código Procesal para establecer un régimen procesal más restrictivo para este tipo de delitos.
También que el Estado adopte regímenes de consecuencias contra los violadores de los derechos humanos y fomentar campañas que eduquen y concienticen sobre la importancia de hacer transparentes el manejo de los fondos públicos y de contribuir a vigilar las funciones administrativas.
Fuente: Periódico HOY
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