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La corrupción que motivó los asesinatos de los locutores Leónidas Martínez y Luís Manuel Medina en el 2017, podría generar nuevas muertes.
Para muestra, un botón: el señor Diógenes Aracena adquirió y pagó terrenos del CEA y del Banco de Reservas.
Turbas peledeístas, con policías, ocuparon sus terrenos en San Pedro de Macorís e Higüey. La Corte ordenó devolverlos, pero el CEA, el Banco de Reservas y los abogados del Estado Fermín Casilla Minaya, y Gedeón Bautista desacataron las sentencias.
Aracena dijo que “el Banco de Reservas deslindó muy bien los terrenos de Higüey, allá el abogado del Estado, José Antonio Polanco, acataría la sentencia, pero de la capital le impidieron cumplirla, yo no entiendo esto”.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, admitió que la corrupción causó los asesinatos de Martínez y Medina, si no interviene ahora, morirán muchos más.
En el 2010 la magistrada Margarita Aponte Silvestre ordenó devolverle las tierras de San Pedro de Macorís. Condenó al CEA y al abogado del Estado a pagar $20,000 diarios hasta ejecutar la sentencia.
En Higüey la magistrada Betsaida Margarita Sánchez ordenó devolver los terrenos en el 2014. Impuso una penalidad de $50,000 diarios hasta que entregue los terrenos. Desacataron ambas.
El gobierno se niega a devolverle su propiedad, pero le demanda el pago de impuestos. Este abuso de poder pasa de lo ridículo y absurdo.
Los peledeístas no respetan ni la propiedad privada ni las sentencias judiciales, son “seres superiores”. Esto no es “problema de Diógenes Aracena”, es un espejo que refleja muchas realidades similares, con apoyo político desde las alturas del poder, esto es sumamente grave.
El Poder Ejecutivo desacata las sentencias del Poder Judicial, no respetan la propiedad privada, no hay seguridad pública ni seguridad jurídica, la sociedad dominicana se está desintegrando.
JPM