El plan de regularización es insostenible

Es imposible regular  personas sin documentos de identificación de su país de origen, ya que no puede demostrar su procedencia. Ningún país en el mundo permite que su territorio sea invadido por ciudadanos de otro país que se niega a darle cedula de identidad.

El 21 de enero de 1929, la República Dominicana y Haití, suscribieron un Tratado de Fronteras en virtud del cual fijaron los límites fronterizos entre los dos países, ratificado por el tratado de 1936. En nombre de la República Dominicana firmó el presidente Horacio Vásquez y en nombre de Haití, el presidente Louis Bordó. Hasta ahora esos son los mismos límites que prevalecen y, de hecho se necesita permiso consular para entrar a territorio de ambos países.

BBC Mundo dice que “A partir de este miércoles 07 de Marzo del 2018, al menos 180,000 haitianos -de los 458.000 que calcula el gobierno que viven en territorio dominicano- quedaron susceptibles de ser deportados por carecer de documentos, en el marco del nuevo Plan de Regularización de Extranjeros de la República Dominicana.” Según ellos esas cifras varían de acuerdo a la cantidad de trabajadores que viven allá.”

El Tratado Modus operandi entre la República Dominicana y la República de Haití, suscrito el 21 de noviembre de 1939, mediante el cual se regula la entrada al territorio de ambas naciones de los nacionales de la otra nación y establece que una vez agotados los procedimientos legales dentro del Estado receptor, el gobierno de cuyo Estado es originario ese ciudadano, deberá correr con los gastos de su repatriación. Esta norma no se aplica.

Se sabe que la mano de obra Haitiana es importante para el país pero esta debe  contratarse de manera legal y  bajo un convenio bilateral entre Haití y la Rep. Dominicana, donde los trabajadores ingresen al país de manera legal y con una visa de trabajo, para saber cuánto son, donde viven, que hacen y si estos  reciben los beneficios de la seguridad social y si pagan los impuestos que manda la ley; pues el código de trabajo de la republica dominicana establece en el Art. 135 y 136 la proporción de trabajadores extranjeros de solo el 20%.

La nueva medida migratoria, convertida en ley en 2013 tras una polémica sentencia número 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), pretende normalizar la situación migratoria y laboral de los ciudadanos de origen extranjero que viven en territorio dominicano, y afecta sobre todo a la población haitiana, que constituye el 87% de todos los inmigrantes ilegales que entran  a la republica dominicana. Aun no se ha podido aplicar.

La forma irresponsable de cómo las autoridades haitianas están permitiendo que sus ciudadanos entren sin registros de nacimiento a este país, para alegar luego que nacieron en la republica dominicana, es una situación inaceptable porque  rompe con las normas más elementales del derecho internacional sobre control migratorio y que por ende imposibilita otorgarle la regularización, sabiendo que es facultad de cada país.

Las estrategias principales que desde hace muchos años aplican para invadir a la republica dominicana de forma pacífica, entre muchas, consiste en enseñar a sus hijos desde muy pequeños el idioma español por encima del Francés y  Creol. Practica que muchos haitianos han desechado porque aún le que algo de patriotismo de sus fundadores. Hace mucho que el gobierno haitiano no se hace responsable de sus ciudadanos ni si quiera para darle un nombre con el propósito de que seamos los dominicanos que le pongan nombres y apellidos.

El 27 de febrero del año 1844 tronaron los cañones para azotar al verdugo que había mancillado nuestra patria y el 16 de agosto de 1861 con la espada de Luperón y los demás independentistas y restauradores se evitó el intento de imponer de nuevo el yugo y destruir nuestra enseña tricolor y nuestro escudo, pero fueron rechazados los nuevos intentos del intruso.

Todos los dominicanos sabemos que el plan de regularización de haitianos no funcionará porque cada día nos envían nuevos contingentes de indocumentados. El artículo 9, acápite 1 de la Constitución del 2010 establece con claridad los límites territoriales de la Republica Dominicana, los cuales son inalienables.

No más regularizaciones de haitianos ilegales.