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Por EZEQUIEL CUEVAS
República Dominicana vive una paradoja social: registra crecimiento económico y reducción de homicidios a 7.34 por cada 100,000 habitantes, pero persisten el alto costo de vida y la informalidad laboral. Para jóvenes con limitadas perspectivas, la acumulación de necesidad y frustración se transforma en un terreno propicio para tomar decisiones de alto riesgo.
En este marco se sitúa la presencia de dominicanos en el conflicto Rusia-Ucrania, atraídos por falsas ofertas de empleo civil que terminan en enrolamiento militar. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió alertas para verificar contratos, evidenciando la necesidad de distinguir entre quienes aceptaron voluntariamente, quienes buscaron incentivos y quienes sufrieron engaños.
La urgencia económica cobra peso cuando ofertas internacionales prometen ingresos inalcanzables en el mercado local. El desafío radica en acceder a empleos dignos con capacidad de ahorro y movilidad social. La pobreza no constituye una causa automática de reclutamiento, sino un factor determinante de vulnerabilidad ante estructuras de captación.
Por otro lado, la delincuencia añade mayor complejidad al panorama nacional. La Policía Nacional atribuye muertes en intervenciones a enfrentamientos con imputados por delitos graves, pero la cifra de 180 fallecidos en presuntos «intercambios de disparos» hasta septiembre genera preocupación. Cada caso exige investigación exhaustiva para deslindar el uso legítimo de la fuerza de eventuales ejecuciones.
El debate adquiere dimensión constitucional, pues el combate al crimen no autoriza al Estado a sustituir el debido proceso por la eliminación física. Como recordó el defensor del Pueblo, la Constitución prohíbe la pena de muerte. La actuación policial debe regirse por la legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando seguridad y derechos humanos en forma simultánea.
Tanto el reclutamiento para guerras lejanas como la delincuencia juvenil comparten raíces asociadas a la exclusión social y la falta de oportunidades. Responder a esta realidad exige empleo digno, educación, prevención e institucionalidad, garantizando alternativas legítimas para que los jóvenes construyan su proyecto de vida en su propio país.
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