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El Gobierno ha destacado que la deuda, medida como porcentaje del PIB, se ha reducido significativamente respecto del nivel alcanzado durante la pandemia de la covid-19.
La comparación con 2020, empero, debe manejarse con mucho cuidado: ese año fue absolutamente excepcional. La deuda del Sector Público No Financiero alcanzó 56.6% del PIB debido a la pandemia, la caída de la economía y el extraordinario aumento de las necesidades de financiamiento.
En lugar de 2020, lo correcto es tomar 2019, el último año anterior a la pandemia. Así la fotografía cambia: entonces la deuda representaba alrededor de 40.4% del PIB y para 2026 ronda el 48%. Por tanto, aunque ha disminuido considerablemente desde el pico pandémico, sigue unos ocho puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia.
Pero existe un problema todavía más importante
He señalado en otro artículo publicado en esta página que el Gobierno no paga la deuda con el PIB. La paga con sus ingresos. El indicador deuda/PIB es fundamental para evaluar la sostenibilidad macroeconómica, pero para conocer la presión que el endeudamiento ejerce sobre el presupuesto debemos prestar mucha atención a la proporción de los ingresos públicos que se destina al pago de intereses.
En 2019, los intereses de la deuda absorbían aproximadamente 20 de cada 100 pesos de ingresos del Gobierno Central. Para 2026, esa proporción se aproxima a 24 pesos.
Y esa no es toda la historia. El Gobierno realiza además transferencias al Banco Central asociadas al proceso de recapitalización y al déficit cuasifiscal acumulado. Si agregamos esas transferencias —cuidando de no contabilizar dos veces los intereses correspondientes a los bonos de recapitalización que ya forman parte de la deuda pública—, obtenemos una medida más amplia de la carga financiera que soportan las finanzas públicas.
El resultado merece atención
En 2019, esa carga financiera ampliada representaba aproximadamente 22.9% de los ingresos públicos; para 2025 se aproximaba al 26%, y en 2026 podría rondar el 27%.
Esto significa que de cada 100 pesos que recauda el Gobierno dominicano, alrededor de 27 estarían siendo destinados al pago de intereses y otras obligaciones financieras vinculadas a la deuda y al Banco Central.
Ese indicador cuenta una historia diferente de la que revela, por sí sola, la relación deuda/PIB.
La comparación con la educación resulta todavía más ilustrativa. Durante años, la República Dominicana realizó un enorme esfuerzo político y fiscal para destinar alrededor del 4% del PIB a la educación preuniversitaria. Sin embargo, la carga financiera ampliada del Estado supera actualmente ese 4% del PIB.
En 2019, el gasto educativo superaba claramente la carga financiera. Para 2024 prácticamente se habían igualado, y en 2025 la carga financiera llegó a superar el gasto ejecutado por el Ministerio de Educación. 2026 va por el mismo camino.
Estamos llegando, por tanto, a una situación en la cual el Estado destina al costo financiero de su deuda una cantidad superior a todo el esfuerzo fiscal realizado para educar a las nuevas generaciones.
Esto ayuda a explicar uno de los principales problemas estructurales de las finanzas públicas dominicanas: el costo financiero de la deuda está ocupando un espacio fiscal cada vez mayor, mientras se reduce el espacio disponible para construir el futuro.
El Gobierno también ha señalado que el país no debería enfrentar dificultades para refinanciar los vencimientos de los próximos meses. Pero una cosa es refinanciar y otra muy distinta resolver.
Cuando vence un bono y el Gobierno emite otro para pagarlo, puede haber resuelto satisfactoriamente una necesidad de liquidez. Pero la obligación permanece y, dependiendo de las condiciones financieras internacionales y de las tasas a las cuales se refinancie, su costo puede incluso aumentar.
Si bien la capacidad de refinanciamiento es una señal importante de confianza de los mercados, no constituye por sí sola una prueba de mejoría fiscal.
El verdadero desafío aparece cuando los intereses crecen más rápidamente que los ingresos públicos, como está ocurriendo. Entonces aumenta la proporción de los recursos fiscales comprometidos antes de que el Gobierno pueda decidir cuánto destinará a educación, salud, seguridad, infraestructura o protección social. Ese riesgo adquiere particular importancia cuando, como ocurrió en 2025, los ingresos fiscales crecen muy por debajo del PIB nominal.
La discusión sobre la deuda dominicana debería, por tanto, incorporar otros indicadores junto a deuda/PIB. Particularmente importantes son la relación intereses/ingresos, la carga financiera ampliada sobre ingresos y la carga financiera frente a la inversión pública.
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