En República Dominicana, el apagón no es solo una falla técnica. Es una forma de presión. Un lenguaje de poder. Un grito sin voz que dice: “Si no paga, te apago.”
En los años 50, bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, el país vivía entre sombras. Las tarifas subían, la luz se iba, y el pueblo respondía con rabia: “Lo que no sirve se bota.” La red eléctrica era precaria, las plantas pequeñas, y los apagones frecuentes.
Cuando Trujillo descubrió que los propietarios estadounidenses de la Compañía Eléctrica Dominicana aumentaban tarifas en barrios pobres, no negoció: ordenó. En enero de 1955, el Estado adquirió la empresa. Nació la CDE.
Pero la nacionalización no trajo luz. Llegaron los chantajes sindicales, los sabotajes políticos, la corrupción administrativa. SITRACODE boicoteaba el servicio por intereses partidistas. La CDE se convirtió en botín: sobreprecios, clientelismo, y apagones como castigo. Los medios de comunicación reseñaron los niveles de corrupción que envolvieron a la empresa. ¡La dejaron cuasi quebrada!

Décadas después, en 1999, el gobierno de Leonel Fernández privatizó la CDE. La promesa era modernización. Lo que vino fue otra forma de chantaje. Los generadores privados, dueños de casi toda la producción eléctrica, aprendieron rápido el arte de la presión: “Si no me pagas el subsidio, te apago.” “Si no apruebas mi concesión, te apago.” “Si no me das lo que pido, apago al pueblo.”
Amenaza
El apagón dejó de ser falla. Se convirtió en mensaje. En amenaza. En herramienta de negociación. La electricidad, que debería ser derecho, se volvió rehén. Y el pueblo, que antes gritaba “lo que no sirve se bota”, hoy paga por lo que sirve… pero se apaga.
No es casualidad que los apagones aumenten cuando hay conflictos entre el gobierno y los generadores. No es coincidencia que la luz se vaya cuando se discuten contratos, subsidios, tarifas o campaña electorales.
Es estrategia. Es presión. Es chantaje. Y lo más grave: es normalizado. Ahora arece repetirse la historia. Hoy, apagones en los barrios pobres con un servicio deficiente.
¿Quién tiene el interruptor? El pueblo no controla el interruptor. El Estado lo cedió. Los empresarios lo negocian. Y mientras tanto, la oscuridad se reparte por sectores, por horarios, por castigos. No por falta de energía, sino por exceso de intereses.
¿Hasta cuándo seguiremos pagando con apagones lo que otros negocian con luz?
¿Hasta cuándo el chantaje será política energética?
¿Hasta cuándo el pueblo será rehén de un sistema que se enciende solo cuando conviene?
La luz no es privilegio. Es derecho. Y el apagón, cuando se usa como presión, no es falla: es violencia.
jpm-am


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