Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Duartianos alertan por la alta presencia estudiantes haitianos
RD detuvo 3,759 extranjeros en operativos el fin de semana
Denuncian EU expulsó 23,000 migrantes a terceros países
Economía dominicana crece 4.5 % entre enero y agosto de 2026
La ciudad de SD no necesita más ruidos sino más silencios
EEUU niega Irán controle por completo el estrecho de Ormuz
Gustavo Sánchez sugiere posponer consulta interna PLD
BRASIL: Lula amplía 5 puntos su ventaja a seis días de elecciones
ARGENTINA: Milei asegura ha deportado 30.000 «terroristas»
Comisión Europea dice Rusia «ataca a la ciencia» en Ucrania
Nueva York.- Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a funcionarios de un banco estatal en Venezuela para conseguir un negocio cambiario.
Benito Chinea, quien fuera presidente ejecutivo de la firma Direct Access Partners LLC, y José Demeneses, su director, se declararon culpables de las acusaciones de conspiración ante una corte federal en Manhattan.
Chinea, de 48 años, admitió que en 2011 discutió sobre cómo pagar un soborno al jefe de operaciones del Banco de Desarrollo Económico de Venezuela, conocido como Bandes.
«Yo sabía que hacer un acuerdo con otros para pagar un soborno era incorrecto e impropio, y además violaba las leyes de Estados Unidos», dijo Chinea ante el juez.
Los testimonios de Chinea y Demeneses, de 46 años, forman parte de una gran investigación en Estados Unidos sobre el soborno que involucró a la firma estadounidense con el banco del Gobierno de Venezuela.
Fiscales dijeron que los operadores participaron en una estafa entre 2008 y 2012, que involucró pagos a la jefa de operaciones y funcionaria de alto rango del Bandes, María de los Ángeles González de Hernández.
El fraude le generó a los operadores ganancias superiores a 60 millones de dólares por la comercialización de títulos valores que González les asignó a cambio de recibir 5 millones de dólares, según habían dicho los fiscales previamente.
La empresa matriz de la firma Direct Access Partners LLC se declaró en bancarrota en mayo de 2013, después que los fiscales presentaron los primeros cargos contra los directivos.