Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Rusia dice usará fuerza militar para eliminar amenaza OTAN
EU niega Guardia de Irán haya alcanzado 2 de sus destructores
Irán ataca con misiles balísticos a 2 destructores EU en el Golfo
El huevo, la piedra y el espejismo del «libre comercio»
Dólar bajó 10 cts. y euro subió; eran vendidos a $58.86 y $70.36
Embajadora EU visitó miembros proyecto Dominicanos Primero
Nueva cédula no incluye actual domicilio
CNM confirma a cinco jueces SCJ para nuevo período 7 años
Escalera del protectorado yanqui y neofascismo en RD (OPINION)
Un éxito financiero, un fracaso previsional
SANTO DOMINGO.-
La presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, consideró
que el juez penal necesita gozar de una fuerte independencia interna y externa
para administrar una justicia que beneficie al prevenido y a la sociedad a la
vez.
Dijo que el
poder sancionador del Estado no puede gozar de la posibilidad de ser desmedido
en el desarrollo de sus funciones, pues coloca al ciudadano juzgado en
desventaja, de la cual, él no se puede defender.
“Es de mucha
utilidad para una sociedad justa colocar frenos al poder avasallante del poder
sancionador del Estado contra los indefensos”, expuso.
Al pronunciar una
conferencia en el 12 Congreso Internacional de la Federación Internacional de
Colegios de Abogados de las Antillas, consideró como un país de débil
institucionalidad aquel que recurre al intercambio de disparos para
“ajusticiar” a presuntos delincuentes sin el debido proceso.
Pero reconoció
que las fuerzas represivas del Estado se encuentran con situaciones muy
difíciles cuando tienen que repeler con violencia la resistencia de ciudadanos
o grupos de ellos que están en conflicto con la Ley.
La magistrada consideró
que una de las situaciones difíciles que embarga a un juez son los prejuicios
posibles de este, ya que representa un arma silenciosa que limita la
administración de una justicia sana y de la que tampoco el prevenido puede
defenderse.
