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Pediatras que promueven formulas lácteas pese a la insistencia de los organismos de salud para que las madres den el seno, ginecólogos que aparecen en anuncios de televisión en los que sugieren el uso de denominados anticonceptivos.
Gastroenterólogos, odontólogos.. y una cadena de otros especialistas con su accionar levantan sospechas en la población.
Son desconfianzas parecidas a las de personas, que según el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, han denunciado la asociación de algunos profesionales con empresas que financian congresos, viajes internacionales y pagan para que les remitan pacientes a centros de alto costo, o induzcan la demanda y prescripción de medicamentos, materiales o procedimientos.
Es muy grave que ese funcionario diga que esas denuncias van en aumento, muy serio y muy penoso y solo nos resta esperar que no sea cierto que un especialista cobra cada vez que indica un fármaco o refiere a un lugar de procedimientos del tipo que sea.
Porque llegaríamos a la conclusión más lógica: que lo que hace en verdad es servir de intermediario entre el paciente, laboratorios y centros de diagnósticos.
De ser verdad, entonces estamos frente a una práctica antiética y como expresó Castellanos, perversa y trabajar juntos, como propuso, para erradicarlas, debe incluir sanciones a los que cometen ese “desliz”.
Porque la asociación directa o indirecta de los profesionales prestadores de servicios de salud con empresas importadoras o productoras de medicamentos, equipos y materiales médicos, con el fin de sacar provecho particular es un acto reprochable y sancionable.
Lo mismo que recibir cualquier beneficio individual o colectivo, en dinero o en especie, que pueda ser considerado estímulo para moldear decisiones o inducir conductas que conduzcan a favorecer intereses particulares.
jpm