Costo social de las regulaciones en RD asciende a RD$197,000 millones

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Rafael Paz, ofrece algunos detalles de la investigación acompañado de representantes del gobierno y del sector privado.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dos mil 097 regulaciones administrativas vigentes, y 1,873 trámites y servicios, son el resultado del diagnóstico de RD+SIMPLE, iniciativa del gobierno que busca mejorar la eficiencia de las instituciones públicas.

Según el estudio, presentado este miércoles por el director ejecutivo de Competitividad, Rafael Paz, en 53 entidades públicas evaluadas, se determinó que el costo social de las regulaciones asciende a 197 mil millones de pesos, representando el 5.4% del PIB.

Aclaró que este costo no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales.

Dijo la eficiencia de las instituciones gubernamentales se lograría a través de la agilización de los procesos, las regulaciones y el fomento a la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas.

Esto permitirá, dijo, poner en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria para elevar la calidad regulatoria, simplificar los trámites y reducir sus tiempos y costos.

“En la investigación también se comprobó que el 60% de la carga regulatoria recae en solo 10 trámites, entre los que se destacan los registros sanitarios, la mecanización agrícola y la solicitud de exequátur profesionales”, indicó.

Sostuvo que la estimación del costo social de las regulaciones se realiza en función del tiempo que se destina a realizar un trámite o recibir un servicio, tomando en cuenta el proceso para recolectar los requisitos exigidos y el tiempo que tarda la institución en dar respuesta.

Esta estimación fue realizada por la Dirección de Análisis Regulatorio del Consejo Nacional de Competitividad, con el apoyo metodológico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México.

Paz dijo que se incluyó en este levantamiento la realización de un inventario regulatorio, que permitió conocer la cantidad de las regulaciones administrativas vigentes, así como un proceso de consulta pública a empresas y asociaciones empresariales.

Fueron encuestados más de 800 ciudadanos, para conocer de primera mano cuales son las regulaciones, trámites y servicios más complejos, según dijo.

“Ante estos resultados, hago un llamado a reflexión a los reguladores sobre su rol e impacto en los ciudadanos y los sectores productivos, pero también, quiero llamarlos a tomar acción para revertir esta situación y evitar que muchas de las regulaciones vigentes sigan generando trabas y mayores costos”, dijo el funcionario.

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