Guevara fue uno de los disertantes en el panel “Separación de poderes: independencia del Poder Judicial”, en el que presidentes de cortes y tribunales constitucionales de distintos países analizaron cómo la independencia judicial debe ser garantizada y estar consagrada en las constituciones o leyes de cualquier país.
El panel fue moderado por Antonio José Lizarazo, presidente del Tribunal Constitucional de Colombia, con la participación de Kari Kuusiniemi, presidente del Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia; Josep-D. Guardia Canela, presidente del Tribunal Constitucional de Andorra; Roberto Molina Barreto, presidente del Tribunal Constitucional de Guatemala; Antonio Nzambi, magistrado de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, y Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador.
En su intervención, el presidente del TCRD afirmó que a partir de la Constitución dominicana de 2010 y la creación del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional surge lo que denomina el nuevo poder del Estado en República Dominicana, el poder jurisdiccional.
Al hacer un breve repaso histórico sobre la separación de poderes y la elección de los jueces en el país, Ray Guevara argumentó que la creación del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional contribuyó a que el derecho ya no solo sea atribución del Poder Judicial.
“Todo eso tiende a que se garantice una autonomía funcional porque hay unas atribuciones claramente establecidas, se dan garantías para la autonomía administrativa, hay toda una serie de instrumentos legales en ese sentido”, consideró.
Al contrastar la realidad dominicana con otras naciones, el magistrado Ray Guevara afirmó que la República Dominicana pertenece al grupo de países donde hay Constitución sin constitucionalismo, “constituciones semánticas donde una cosa es lo que dice el texto y otra la que dice la realidad”. Afirmó, sin embargo, que, a partir de la creación del Tribunal y la aparición de la Constitución del 2010, “estamos caminando hacia tener un país de Constitución con constitucionalismo”.
También abordó aspectos sobre presupuesto jurisdiccional, elección y movilidad de jueces y la vinculación de los mismos a la carrera política, entre otros.


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