Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Ucrania advierte a Irán que se abstenga apoyar guerra a Rusia
Banreservas destina RD$5,000 millones para emprendedoras
RD suma nuevas hazañas con oros de Pigozzi y Hardt en JCC
La inversión extranjera directa en la R. Dominicana crece 7.7 %
Dajabón y SD registran mayor número de haitianos detenidos
Justicia haitiana dice reinició los juicios penales con jurado
Diputado pasó de FP al PRM porque «garantiza democracia» 
Asociación de Juristas solicita extinción proceso exprocurador
Destacan en Haití medalla de oro centroamericana en karate
Keiko Fujimori jura como la presidenta de Perú 2026-2031
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó este lunes en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Policía.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, alegó que la nueva ley policial atenta contra los derechos laborales de los agentes del orden, reduciendo de manera significativa los beneficios que perciben esos servidores.
Surun Hernández informó que el artículo 153 de dicha ley sanciona y califica como falta grave el ejercicio del derecho de los policías.
«Asimismo, los artículos 40, 41, 58, 62, 69 83, 169, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 al 139 y 141 vulneran los derechos adquiridos por los agentes del orden, el principio constitucional de progresividad de la Norma Laboral, la racionalidad, justeza y utilidad de la ley», afirmó.
Dijo que «esa ley ha tornado casi imposible el sistema de ascensos, el cual continuará a merced del trafico de influencias, con muy poca o ninguna incidencia del merito, en perjuicio de la calidad del servicio de seguridad de todos».
“Dicha ley es inconstitucional por constituir, no solo un retroceso, sino un atentado contra los derechos adquiridos de los Policías, que ahora tienen que esperar muchos más años para jubilarse, jubilación que dependerá de la benevolencia del director de la Policía», expresó.
Agregó que la nueva disposición «aniquila el derecho que tienen los abogados policías de ejercer la profesión de la abogacía, lo que viola la Carta Magna y pactos internacionales en materia de derecho de trabajo, que consagran que toda legislación debe ser progresiva a favor de los trabajadores».
«Maltratando a los agentes policiales y empeorando sus condiciones laborales no podrá haber una lucha efectiva contra la criminalidad, por lo que se hace necesario y fundamental que el Tribunal Constitucional intervenga enmendando partes de esa ley», subrayó.
jt/am
