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Acaba de declarar la nulidad absoluta a los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, y los ha expulsado del ordenamiento jurídico nacional, por no ser conformes con la Constitución Dominicana.
Con dicha decisión, a partir del año 2028, el TC facilita la presentación de candidaturas independientes reales, ya que acaba de eliminar como requisito para presentar una candidatura independiente, tener o conformar una estructura partidaria que la avale para poder participar como lo disponía la ley arbitraria y absurdamente.
Ya salieron dirigentes de los partidos más afectados, es decir, del PRM, LFP y el PLD, a decir que las candidaturas independientes son un peligro para los partidos. Pero no es un peligro para la mayoría de países de América Latina y los Estados Unidos, donde perfectamente cualquier ciudadano puede inscribir una candidatura independiente sin ningún partido que la sustente.
No es peligro, más bien es miedo a que, como con esta decisión ya los partidos no tienen el monopolio de las candidaturas, ahora cualquier ciudadano podrá inscribir una candidatura independiente, y ganar una posición electiva a todos los pésimos candidatos que por lo regular los partidos postulan.
Futuro
A partir de ahora, muchos dominicanos y dominicanas de sobrada probidad, bien preparados y con sobradas competencias para ocupar un puesto de elección popular, que no quieren militar en ninguna de las empresas llamadas partidos políticos, a partir de ahora podrán inscribir una candidatura de manera totalmente independiente, lo que obligará a las empresas a tener que mejorar las candidaturas que presentan.
Se les acabó el monopolio de las candidaturas, y presentarnos como candidatos y candidatas, a gente vinculada al narco; ligada al lavado de dinero; granceros, sindicalistas y riferos con una bajísima escolaridad; y un grupo de analfabetos funcionales que sólo tiene una dilatada militancia en los partidos y dinero para financiarse una campaña electoral.
Ya la clase media tiene la imperdible oportunidad en el 2028, de no quedarse en casa porque la oferta electoral de las empresas no sirve, e ir a votar por gente decente, técnicamente preparada, con las competencias para ocupar un puesto de elección popular, y con propuestas para su comunidad como lo ordena la ley.
