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Armarse de valor
La firma de un Pacto Fiscal nunca sería posible si siempre se combinan factores y circunstancias tales como conveniencia electoral, inmediatismo tributario o excesiva presión e influencia sobre Gobierno y Estado de grupos vinculados con el gran capital.
Sin un acuerdo sobre fiscalidad integral no habría posibilidad de colocar a Republica Dominicana en el escenario ideal que vincule el crecimiento económico con equidad social y, por consiguientes, se aumentarían los riesgos de ingobernabilidad política, sin importar el incremento del Producto Interno Bruto (PIB).
En el mundo de hoy ha quedado harto demostrado que el crecimiento del PIB agrava, en vez de disminuir la desigualdad económica, si solo se expresa en la concentración de riquezas o del incremento del capitalismo patrimonial, como advierte el economista Francés Thomas Pikkety.
La fórmula presentada por Pikkety en su celebrada obra “El capital en el siglo XXI”, parece sencilla: “si la tasa de acumulación de capital crece más rápido que la economía, la desigualdad aumenta”, lo que desmiente la tesis de que el incremento del PIB necesariamente debe reflejarse en la redistribución del ingreso.
El Centro de Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) ha señalado que “la fiscalidad es el instrumento fundamental al alcance de todos los países en esta difícil tarea de obtener los recursos suficientes para pagar por la educación, salud, infraestructura…”
En un estudio sobre política fiscal para el desarrollo en República Dominicana, la OCDE define como necesario que las reformas fiscales “constituyan una pieza clave” del plan estratégico de desarrollo de un país en el mediano y largo plazo.
Es claro que el crecimiento de la economía, no puede estar al exclusivo incremento de un capitalismo patrimonial, al punto que cuando el PIB crece en un 7.1, las rentabilidad del gran capital incrementa un crecimiento tres veces mayor, mientras disminución de la pobreza y la marginalidad apenas es perceptible.
A pesar de que se fijó como meta reducir el déficit fiscal a menos de 3,0% del PIB (más de RD$70 mil millones) y de que los ingresos apenas representan un 14% del PIB, el gobierno del presidente Medina ha logrado encaminar una modesta revolución social, a través principalmente de la democratización del crédito y de la ejecución del 4% a la educación pre universitaria.
Hay que imaginarse lo que ocurriría si los ingresos, por vía de tributación a las grandes rentas, los ingresos se incrementan en 5 o 6 puntos porcentuales del PIB. En un corto plazo, millones de ciudadanos serian incorporados a la actividad productiva.
El informe citado advierte que el sistema tributario dominicano se caracteriza por una alta fragmentación, lo que dificulta su administración y “facilita la evasión y elusión fiscal”, lo que unido a los más de 200 mil millones de pesos que el gobierno deja de percibir por exoneraciones y exenciones, convierten en inhábil al sistema tributario nacional.
Gobierno y partido tienen que armarse de valor e impulsar una auténtica reforma tributaria o fiscal, integral, progresiva y justa, que libere a la clase media de su papel de cirineo de la economía y evite que el crecimiento económico solo sirva para elevar la rentabilidad o capital patrimonial de unos pocos.
