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La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha informado este lunes de la remisión de un proyecto de ley al Parlamento para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia.
La presidenta, en su primera aparición pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, ha explicado que la reforma de los servicios de Inteligencia responde a la necesidad de «transparentar un sistema que no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales».
Entres sus competencias, la nueva Agencia tendrá investigar sobre terrorismo, tráfico de armas, ciberdelitos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el orden económico y financiero.
La Agencia abarcará a la unidad de Inteligencia criminal que ahora depende el ministerio de Seguridad. Además, se transfiere el sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal.
Según el proyecto, «toda relación o actuación de funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos vinculadas a las actividades reguladas por la ley» deberán ser dirigidas solo al director o al subdirector de la agencia.
Elimina así el contacto entre jueces, ministros y cualquier funcionario con los agentes de inteligencia, una práctica cuestionada tras la muerte del fiscal Alberto Nisman por los vínculos destapados entre el sistema judicial y los servicios secretos.
«La única vía para conectarse va a ser precisamente la institucional», ha destacado.
Fernández explicó también los motivos que la llevaron a renovar la cúpula de los servicios de inteligencia, a finales del pasado año, y a nombrar al frente a un hombre de su máxima confianza, Oscar Parrilli, con dos instrucciones: desplazar a agentes que venían de la dictadura y trabajar en un proyecto de reforma del sistema.
Denuncias como en «ninguna etapa de la democracia»
«Es una deuda pendiente de la democracia«, ha señalado Fernández en un mensaje al país en la cadena nacional.
Según la mandataria, tras la firma del acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán, en 2013, «se empezaron a observar que ciertos organismos, más concretamente la Secretaría de Inteligencia, comenzaron a bombardear el acuerdo».
