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Santo Domingo, 13 mar.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo jueves el conocimiento medidas de coerción contra los siete imputados detenidos en el marco de la Operación FM, acusados de lavado de activos procedentes del narcotráfico.
Así lo decidió la jueza Odalis Alapis este domingo, en la primera audiencia del proceso, en la algunos abogados alegaron que requerían de tiempo para conocer el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, que consta de más de 200 pruebas, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
Con las evidencias, presentadas ayer sábado, la acusación espera demostrar los vínculos de las siete personas arrestadas con el lavado de activos, para quienes solicita la imposición de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Los encausados son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
El Ministerio Público destacó que la medida de coerción más idónea contra los encartados es la prisión preventiva, debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga.
Los imputados fueron arrestados en la denominada Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760,000 pesos, así como 13 vehículos.
El Ministerio Público señaló que el Caso FM está vinculado con una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le incautaron unos 4.3 millones de dólares introducidos en República Dominicana ocultos en bocinas.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
of-am