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SANTO DOMINGO.- El abogado Jorge Lora Castillo acusó al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) de desacatar una sentencia definitiva que ordenó el pago de US$5 millones al Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, por una controversia relacionada con terrenos ubicados en el área donde operaba el antiguo aeropuerto de Herrera.
Lora Castillo afirmó que la sentencia, emitida el 13 de agosto de 2026 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adquirió autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero el BCRD se ha negado a cumplirla.
Dijo que se procedió a trabar embargos retentivos contra cuentas y fondos de la institución en entidades financieras y de intermediación así como en organismos internacionales relacionados con financiamiento a la República Dominicana, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Novena Sala Civil fijó para el próximo 28 de septiembre el conocimiento de la validez de los embargos, según informó el abogado.
“Vamos a conocer la validez del embargo retentivo trabado en manos del Banco Mundial, FMI, Banco Interamericano de Desarrollo y todas esas entidades”, declaró.
ORIGEN DEL CONFLICTO
De acuerdo con la versión presentada por Lora Castillo, el litigio se remonta a una operación mediante la cual el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral recibió en dación de pago una porción de 5,000 metros cuadrados de terrenos ubicados en el antiguo aeropuerto de Herrera, como compensación por trabajos realizados en la ampliación de la Autopista Duarte.
Indicó que el valor de la operación ascendía a RD$38,805,457.90 y que el acuerdo quedó formalizado mediante un contrato notarizado.
Sostuvo que cuando sus representados iniciaron los trámites correspondientes para materializar el deslinde y disponer de los terrenos, comprobaron que el inmueble había sido distribuido a terceros, situación que motivó la interposición de acciones judiciales contra el Banco Central.
La demanda procuraba la rescisión del contrato de dación en pago y la reparación de daños y perjuicios. Según Lora Castillo, el proceso concluyó favorablemente para el consorcio con la sentencia del 13 de agosto de 2026.
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