Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Venezuela anuncia su salida de la Corte Penal Internacional
Se quedarán iguales precios de 6 combustibles; subirán los de 4
Banco de Haití llamó a reforzar producción y uso conocimiento
ANPA marcha al Palacio y exige destitución Ministro Agricultura
Exportadores favorecen siga diálogo R.Dominicana y EE.UU.
El PRD propone medidas ante nuevo arancel 12.5% de EE. UU.
Gobierno de la RD reacciona por el arancel que le impuso EE.UU.
EU impone arancel 12.5 % a R. Dominicana por trabajo forzoso
Diez muertos y cien heridos en ataque ruso contra evento Kiev
Ucrania anuncia un acuerdo para fabricación misiles Patriot
Uno, Mauricio Funes, se convirtió en prófugo y el otro, Tony Saca, fue condenado a 10 años de cárcel y a devolver 260.7 millones de dólares.
Buen ejemplo para el gobierno del PRM y Luis Abinader, a propósito de la discusión del Presupuesto General del Estado.
En el océano de Internet se puede bucear la información: «La Corte Suprema de Justicia de El Salvador confirmó este jueves la condena de 10 años de prisión impuesta al expresidente Tony Saca y que devuelva al Estado 260.7 millones de dólares. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema también ratificó las condenas impuestas a tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de la Casa Presidencial, que además deberán de regresar el dinero robado»
La Constitución RD (2015) establece claramente: «Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente…» (Art. 146.3- Negritas de AHF).
Esto significa que la «autoridad competente» puede requerir a cientos de exfuncionarios, familiares y testaferros que demuestren de dónde sacaron las riquezas que ostentan y, mientras dura el proceso, sus cuentas bancarias podrían ser retenidas o depositado ese efectivo en una cuenta especial del Banco de Reservas.
El monto total de ese dinero puede servir de garantía al Gobierno para solicitar un préstamo al Banreservas porque de seguro la mayoría de lo obtenido quedaría en poder del Estado.
Si hubiera alguna excepción, después del proceso correspondiente, hasta se le podrían pagar intereses e indemnización, si procediese, al declarado «inocente».
Además de que eso es lo justo y necesario, seguramente se conseguiría más dinero que con los impuestos a los pobres y la clase media, que ya estamos hartos de abusos.
JPM
