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Reflexión sobre la justicia en RD
POR LUIS CASTILLO
Es alarmante cómo, cada vez que en la República Dominicana se realiza un allanamiento o se arresta a alguien de clase media o alta, surge un coro de voces influyentes, medios de comunicación y figuras prominentes que claman atropello, injusticia o desconsideración.
Sin embargo, cuando es un pobre quien sufre el peso de la ley, esas mismas voces permanecen en un inquietante silencio. Este doble estándar no solo evidencia una profunda hipocresía, sino que refleja un problema más grave: la justicia parece actuar de manera distinta según la posición económica y social del acusado.
Recientemente, se ha conocido el caso de un hombre condenado a 30 años de prisión por intentar robar un chivo. Un hecho que, más allá del delito, pone de relieve la desproporción con que se aplica la justicia en comparación con los grandes crímenes de corrupción.
No se escucharon voces defendiendo los derechos humanos de ese hombre ni clamando por un trato más justo. Mientras tanto, hay miles de personas sumergidas en condiciones infrahumanas dentro del sistema carcelario, sin que las élites influyentes levanten su voz para denunciar esas violaciones. Al parecer, para ciertos sectores, los atropellos solo merecen ser condenados cuando ocurren en su propio entorno.
Es una triste realidad que en la República Dominicana, como en muchos otros países, exista lo que podríamos llamar “delincuentes preferidos”. Aquellos cuyas acciones delictivas, aunque graves, son vistas con benevolencia o indulgencia porque pertenecen a círculos de poder o dinero.
La corrupción, el crimen organizado, los grandes escándalos de licitaciones fraudulentas como los que rodean al caso INTRANT, parecen merecer, según algunos, un trato más condescendiente que el robo de un animal. En lugar de condenas firmes, los grandes delincuentes son defendidos como víctimas de supuestos atropellos cuando la justicia decide actuar.
Pero ¿dónde están esos defensores de los derechos cuando un pobre es abatido en un supuesto intercambio de disparos con la policía? ¿Por qué el clamor de justicia y respeto a los derechos humanos solo surge cuando los acusados tienen nombres influyentes o posiciones destacadas?
Es inquietante saber que en los últimos años, la policía ha reportado alrededor de 60 muertes en supuestos intercambios de disparos. La gran mayoría de esos muertos son pobres. Y en estos casos, nadie llama a “atropello”.
Nadie se manifiesta por la desproporción en la respuesta estatal. Al contrario, son muchas veces esos mismos sectores influyentes los que, en privado o públicamente, exigen “mano dura” contra los delincuentes, pero solo cuando esos delincuentes vienen de sectores marginales.
Peligrosa realidad
Esta selectividad en la indignación revela una peligrosa realidad: la justicia en nuestro país parece estar diseñada “para los de abajo”, como la serpiente que solo muerde al descalzo. No se trata de defender el crimen, venga de donde venga, pero sí de exigir coherencia en quienes reclaman justicia.
No podemos permitir que la defensa de los derechos humanos y el debido proceso sea un privilegio de las clases altas, mientras los pobres continúan siendo aplastados por un sistema que no les ofrece ni siquiera una mínima protección.
Es momento de que quienes levantan su voz para denunciar supuestos atropellos a los ricos hagan lo mismo cuando la justicia castiga desproporcionadamente a los pobres. No podemos seguir tolerando esta dualidad, en la que algunos delincuentes, por su estatus, son tratados con guantes de seda mientras otros son condenados a las peores penas por delitos menores.
La justicia no puede tener favoritos. Si realmente queremos construir un país donde la ley sea respetada, debemos exigir que se aplique igual para todos, sin importar su clase social. Los derechos humanos no son un privilegio de unos pocos, son la base de una sociedad justa y equitativa.
jpm-am