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Declaración jurada de bienes: ¿cumplimiento o impunidad?
POR LUIS M. GUZMAN
El incumplimiento de los funcionarios públicos en presentar a tiempo sus declaraciones juradas de bienes en nuestro país resalta como una problemática recurrente. Esta obligación, establecida por la Ley 311-14, busca garantizar la transparencia y prevenir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios durante su tiempo en el cargo.
Se hizo evidente que en promedio la mitad de los senadores y unos 170 diputados aún no han entregado sus declaraciones juradas de bienes, habiendo transcurrido 3 meses y 14 días de las elecciones y 28 días de la toma de posesión. Ese tipo de noticias ya son costumbre desde que se aprobó esa ley en el 2014; de hecho, en junio se reportó que, de los 2500 funcionarios municipales elegidos en febrero, solo 127 habían cumplido hasta la fecha con este requerimiento. El lunes 16 de este mes caduca el plazo otorgado por la Cámara de Cuentas para que los funcionarios públicos electos o designados presenten su declaración jurada de bienes.
Según la Ley 82-79 y la Ley 311-14, todos los funcionarios públicos, incluidos senadores y diputados, deben presentar una declaración jurada de bienes al asumir y al cesar sus funciones. Debe realizarse a través de un sistema automatizado, diseñado para facilitar el proceso y asegurar la veracidad de la información proporcionada. No se han introducido nuevos requisitos desde 2014, pero una sentencia del Tribunal Constitucional en 2021 exige que las declaraciones incluyan documentos de soporte para verificar la información.
La Cámara de Cuentas, según ha informado, ha implementado varias medidas para asegurar que los funcionarios públicos cumplan con la presentación de su declaración jurada de bienes, como son: la reiteración de plazos; capacitaciones tanto presenciales como virtuales, para aclarar dudas sobre el uso del sistema de declaración y los requerimientos normativos; transparencia y accesibilidad, enfatizando que la información sobre las declaraciones juradas es pública, reforzando la transparencia como un mecanismo para prevenir la corrupción; y centros de asistencia para facilitar el proceso y asegurar que se cumplan los requisitos establecidos.
Con estas medidas buscan mejorar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios públicos, promoviendo un ambiente de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Sanciones
Los funcionarios públicos que no presenten su declaración jurada de bienes enfrentan varias sanciones según las leyes vigentes, como son la intimación y plazo: los funcionarios que no cumplen con la presentación de la declaración jurada son intimados a hacerlo en un plazo de 15 días. Si no cumplen, se considera una falta grave.
También está la suspensión del sueldo, que es una de las sanciones principales hasta que cumplan con la obligación de presentar la declaración jurada, y la prohibición de ejercer funciones públicas: si el funcionario deja de ejercer su cargo sin haber presentado la declaración, se le intima nuevamente.
Si persiste en el incumplimiento, se le prohíbe volver a ejercer funciones públicas y pueden aplicarse otras sanciones adicionales. Aunque se busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, para asegurar que los funcionarios cumplan con sus obligaciones legales respecto a la declaración de su patrimonio, no existen pruebas de que se hayan llevado a cabo.
No hay información específica de que la Cámara de Cuentas confirme la aplicación de sanciones, como la retención de sueldos, a funcionarios públicos en la República Dominicana por no cumplir con la presentación de la declaración jurada de bienes. Sin embargo, las leyes y regulaciones establecen que estas sanciones son posibles.
Según la normativa, los funcionarios que no presenten su declaración jurada pueden enfrentar la suspensión de sus sueldos y la prohibición de ejercer funciones públicas en el futuro; aun así, la aplicación de estas sanciones nunca se ha hecho efectiva y no se cumplen cabalmente.
La Cámara de Cuentas y otras instituciones deben intensificar la supervisión y aplicar sanciones a quienes no cumplan con la normativa. Deben ofrecer talleres y guías claras para que los funcionarios comprendan cómo completar correctamente sus declaraciones, además de mejorar el acceso público a las declaraciones para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Aunque las leyes estipulan estas sanciones, la implementación efectiva de las mismas no está claramente documentada en los resultados de búsqueda disponibles. Esto sugiere que, aunque las sanciones están previstas, su aplicación puede no ser consistente o públicamente reportada.
El cumplimiento de la declaración jurada de bienes es esencial para la transparencia gubernamental en la República Dominicana. Existiendo mecanismos y leyes claras, la falta de cumplimiento es persistente, lo que indica la necesidad de medidas más estrictas y educativas para asegurar que todos los funcionarios cumplan con sus obligaciones legales.
jpm-am
en los eeuu the internal revenue service ya los tendria en la carcel a todos esos delincuentes…..pero somos un pais bananero donde impera la ley del mas rico y la impunidad reina a sus anchas , comensando con los diputados , senadores y ministros del gobierno. a donde vamos a llegar ?
la ley no. 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio establece que además de una copia de su cédula, pasaportes, certificaciones laborales y certificado de elección o documento que acredite
la designación en el cargo, el declarante debe depositar certificaciones bancarias, de inversión, los inmuebles que posean, vehículos de motor, armas de fuego, otros bienes muebles, bienes suntuarios, productos agroindustriales, cuentas por cobrar, sus ingresos y pasivos. además,
informaciones sobre su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos.
sobre la declaración jurada hasta el mediodía de este sábado pasado 14 de septiembre del 2024, solo 27 diputados han completado su información ante la cámara de cuentas. el plazo es hasta las
6:00 de la tarde del próximo lunes. es preocupante, que los diputados que han iniciado el proceso son 75 y otros 36 se encuentran en proceso de evaluación.
son muchas las excusas presentadas por diputados que incluyen, su oposición a brindar
supuestas informaciones privadas e incluso, su temor a los ciberdelincuentes. esa excusas no justifican su incumplimiento a la ley de manera prioritaria, por diputados que son responsables de la creación de las leyes. síguenos en el canal youtube: melvin bera comenta.