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Santo Domingo, 1 may (EFE).- Las autoridades del ministerio Público inspeccionaron en un operativo, más de 200 bancas en los diferentes municipios de esta provincia y procedieron al cierre temporal de 22 de estos establecimientos hasta que regularicen su estatus en dicho ministerio.
Junto a miembros de la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y de la Policía Nacional, el magistrado John Henry Reynoso, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), encabezó el operativo junto al fiscal titular de esa jurisdicción, Eusebio Corcino Alcántara.
Reynoso dijo que durante el desarrollo del mismo fueron incautados varios aparatos de verifone y computadoras y detalló que antes del operativo se elaboró un mapa con la ubicación de las diferentes bancas, lo que permitió su rápida localización.
Explicó también que los aparatos y objetos fueron requisadas para verificar si cumplían con los requisitos de ley.
«Procedimos a realizar allanamientos en todas las bancas de la provincia de Azua, recorriendo todos los municipios calle por calle, para realizar labores de inspección a los fines de clausurar aquellas que se encontraban operando de manera ilegal», manifestó.
Reynoso advirtió que los operativos serán extendidos a todo el territorio nacional y que serán drásticos con los establecimientos que no cumplan con la ley.
El representante del Ministerio Público recomendó a los propietarios de bancas a que acudan al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a cumplir con los registros correspondientes tal y como lo establece la ley que regula ese tipo de establecimiento.
Los allanamientos estuvieron a cargo de 12 equipos distribuidos en toda la provincia, y en las labores participó el cuerpo de investigación de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los fiscales del Departamento Judicial de Azua y 15 inspectores del ministerio de Hacienda.
La ley establece que las bancas de lotería debidamente autorizadas deben registrar sus operaciones en la DGII y que las mismas estarán sujetas al cumplimiento de los deberes formales que prevé el Código Tributario en lo referente al pago del impuesto sobre la renta y los demás tributos. EFE