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Respeto a la Carta Magna: ¿Vamos a retroceder?
Las leyes, las sentencias de los tribunales y, con mayor razón, la Constitución del país, son para cumplirlas y hacerlas cumplir. De haber fallas, inobservancia o irrespeto alegre por estos instrumentos institucionales, los mismos devienen en meras letras muertas.
Y de ser el caso –Dios nos libre de violadores y de indiferentes a normas y deberes, sean simples ciudadanos o autoridades–, el estado de derecho no pasaría de una utopía y la seguridad jurídica andaría por el suelo, sin garantía de nada ni de nadie.
El presidente de la República, y más el actual, para no dejar caer el discurso de transparencia y respeto por la institucionalidad, es pieza clave –si es puesto al día por su Consultor Jurídico– para garantizar que ninguna instancia subalterna al Poder Ejecutivo se salga del carril legal o estropee mandatos que están bien claros en el texto constitucional.
Aun cuando haya a quien se le tenga cariño y con quien se trabaje cómodo, hay mandatos que cumplir y plazos que se cumplen. Por ejemplo, si está escrito y sabido que el tiempo de duración en el cargo del director de la Policía Nacional es de dos años, no hay razón ni argumento válido para que el pasado día 17 no amaneciera firmado el decreto designando al sustituto, sin importar reforma, asesor Vila o cualquier otro bulto en el camino.
La facultad del gobernante es de designar o de sustituir antes de los dos años al titular policial, pero no de extenderse más allá del término que dice la ley. Si alguien antes lo hizo, el caso de Hipólito con el titular de las Fuerzas Armadas, no hay porqué imitarlo y repetir la violación.
Eso afecta el discurso, afianza el irrespeto y tumba puntos a la imagen.
NOTA: ¿Y las varias sentencias del TC aún sin cumplir? Otra pifia que rechina: ¿Cómo dejar –y no evitar– que un vicealmirante activo, el director de la DNCD, se meta en el terreno político a responderle, insólitamente, a un candidato presidencial en campaña, en clara, abierta y dañina violación al artículo 252 de la Carta Magna, que establece que las Fuerzas Armadas: “Son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar”?. La política es para los políticos, no para guardias.
Y si uno mete las narices en ella sin ser desautorizado ni un superior llamarle a capítulo, eso sienta un mal precedente, tan grave, que recuerda el funesto accionar militar en los doce años del doctor Balaguer y el valiente esfuerzo de despolitización del aparato militar del presidente don Antonio Guzmán, a su llegada al poder.
¿Vamos a retroceder? ¡Y eso que militares y policías no votan, solo cuidan las urnas y garantizan el orden en elecciones! Es preciso que se guarden las formas y que, en todo momento, se respeten y se hagan respetar las normas y reglas de juego que nos hemos dado como sociedad.
A no desmayar ni descuidar en la vigilancia y esfuerzos constantes por el fortalecimiento institucional, porque –como ley de vida– los hombres y los gobiernos son pasajeros, y lo que finalmente queda y se puede prolongar en el tiempo son las instituciones.
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