Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Honduras solicita asesoría a RD para Juegos Centroamericanos
Presidente Honduras ve a RD referente seguridad fronteriza
Difunden nuevas imágenes de Maduro detenido en prisión NY
Presidentes de RD y Honduras firman instrumentos bilaterales
Danilo Medina pide investigar causas de mortalidad neonatal
Al menos 2 muertos en ataque de EEUU en estrecho de Ormuz
Apagón masivo afecta a cinco estados occidente de Venezuela
Ucrania y Rusia intensifican sus ataques en la última semana
Estudio reporta un 74 % menos mortalidad pacientes VIH en RD
COLOMBIA: Gobierno termina diálogos con grupos armados
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos.
Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, a una instrucción de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la Pepca mantiene una investigación al exfuncionario, distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.
La solicitud de Reynoso, notificada a los abogados de Guerrero, hace referencia a que, junto a la Pepca, procedieron a la reserva total de la fase de la investigación. Eso, basado en que, según el planteamiento de la directora de la Persecución, durante la investigación se han presentado diversas situaciones, distintas a la investigación que se llevó a cabo por el caso Antipulpo.
Reynoso explicó que por esas situaciones Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción.
Sin embargo, Eduardo Núñez, abogado del exministro, sostiene que no tiene sentido mantener la reserva de la carpeta fiscal de la investigación, puesto que su cliente sí tiene medidas de coerción.
“La reserva de la investigación a más de 18 meses de iniciada ésta, habiéndose practicado medidas de coerción (como la citación, interrogatorio y el impedimento de salida mediante alertas migratorias) carece de sentido jurídico, además de ser ilegal por contravenir las disposiciones del artículo 291 del Código Procesal Penal”, señala.
Dijo que impedir el acceso a la carpeta fiscal equivale a impedir el acceso a las pruebas, lo que a su vez imposibilita el ejercicio del derecho de defensa y transgrede el debido proceso. “Esto ha coartado la posibilidad de ejercer la defensa técnica y la defensa material durante más de un año”, alega.
