Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Gobierno acuerda suspender el aumento del pasaje en Santiago
Pide poner en vigencia Código Penal y luego sea reformado
Irán arremete contra las «políticas belicistas» de EEUU
Francia opone a peajes Ormuz y apunta a abrir rutas por Siria
COE pone 7 provincias en alerta verde y 8 en amarilla por lluvias
Israel asegura está preparado para reanudar ofensiva a Irán
La UE impone aranceles hasta el 45,3% a los neumáticos chinos
CHINA: Al menos 28 muertos en un incendio fábrica de calzado
Irán a EE.UU.: Extranjeros no tienen cabida en Ormuz
Irán afirma ataques EU afectan ‘gravemente’ reapertura Ormuz
Santo Domingo, 26 jul.- El Senado de la República aprobó este martes por unanimidad la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El texto, ampliamente debatido y que busca recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito, contó con el apoyo de bloques de senadores de la oposición tras pasar el trámite en la Cámara de Diputados, que lo aprobó el pasado viernes en segunda lectura con una serie de modificaciones.
El proyecto de ley tiene por objeto regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos previstos en la Constitución de la República; definir las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, y reconocer los derechos y garantías de los intervinientes y partes afectadas.
Además, sienta los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de bienes que trata esta ley, así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano, observando el debido respeto a los derechos de terceros acreedores.
En dicha ley se establece que el procedimiento de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o cualquier otro de naturaleza jurisdiccional, administrativo o arbitral, de modo que la existencia de otro trámite judicial no podrá ser obstáculo para iniciar un procedimiento de extinción de dominio.EFE
