Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Trump: «preferiría que no, pero tal vez tenga que destruir Irán»
Zelenski pide ayuda para mantener sistemas energía
Trump exige autoridades dar victoria a su candidato Alaska
El Salvador defiende tropas en Haití en Cumbre Iberoamérica
EEUU: Gobernador California conmuta condenas a muerte
Dice en el 2028 en RD habrá “inicio de relevo generacional”
El Salvador y Haití fortalecen cooperación frente al crimen
Cuba enfatiza castigo colectivo de los Estados Unidos a la Isla
DGM detiene 1,447 haitianos indocumentados en 24 horas
90 alcaldes del PRM respaldan candidatura de David Collado
SANTO DOMINGO.- Treinta y tres presidentes de seccionales del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), representantes asociaciones de abogados y defensores de los derechos humanos denunciaron que hay un plan de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para «boicotear» la apertura judicial ordenada mediante sentencia por el Tribunal Constitucional.
La denuncia fue hecha durante vistas públicas que realiza la comisión que estudia el proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, dijo que se busca el colapso de los servicios presenciales en el sistema de justicia para culpar al Tribunal Constitucional, y con ello presionar al Congreso Nacional para que se apruebe al vapor y a como dé lugar el proyecto de Ley de Virtualidad.
“Esto se puede comprobar en el hecho de que han transcurrido casi tres meses de la emisión de la sentencia que ordenó la apertura de los tribunales y el Consejo del Poder Judicial no ha tomado las medidas administrativas, ni logística para dotar a los tribunales del personal secretarial para atender a los ciudadanos”, indicó.
Alegó que el proyecto elaborado y depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el TC, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.
Los juristas también denunciaron que la pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales, con lo que se viola la Tutela Judicial y se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las secretarías que establece la Constitución y la Ley 821.
of-am-sp