Confabulación de contratistas con impunidad

El silencio de los constructores objeto de extorsiones, la impunidad apadrinada por altas instancias del Poder, la ineficacia de la justicia dominicana y la ausencia de control externo, fueron la base de la pirámide  de corrupción que en el pasado fue desvelada en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

En las  caras laterales de esa pirámide aparecen las deficiencias, vicios y vulneraciones no enfrentadas de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, producto del el pobre desempeño del organismo rector de esas actividades.

Como vértice superior de la pirámide del nicho de corrupción en las contrataciones de obras se puede colocar la actitud sumisa frente a los gobiernos que han tenido en los últimos dieciséis años los directivos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Tradicionalmente, la mayoría de los contratistas de obras estatales han callado los maltratos, discriminaciones y extorsiones de que son objeto por parte de funcionarios corruptos, en una actuación de confabulación con la impunidad.

Ese silencio confabulador ha sido ejercido por una gran mayoría de los contratistas bajo el erróneo temor de que si denuncian o someten a la justicia a un funcionario público, perderían la oportunidad de conseguir otra obra.

Hasta tanto los contratistas no ofrezcan una demostración de responsabilidad que les genere respeto, continuarán siendo objeto de grandes atropellos y discriminaciones por parte de funcionarios  públicos que abusan del poder que ostentan debido a que no son denunciados ni sometidos a la justicia.

Las discriminaciones en los pagos de cubicaciones y liquidaciones de deudas viejas depuradas son fundamentos sobre los cuales se puede actuar contra un funcionario público, pues con esas acciones incurren en abuso de poder y prevaricación administrativa, acciones que causan daños patrimoniales.

Cuando los contratistas terminan las obras enfrentan grandes dificultades para cobrar la cubicación final y con ello se crean condiciones propicias para la extorsión. La carta dejada por el arquitecto que suicidó en la sede de la OISOE constituye la evidencia sobre cómo operaba el saqueo que efectuaban funcionarios a los constructores.

No es secreto el hecho de que personas supuestamente ligadas a las instituciones contratantes ofertan gestiones de cobro, con condiciones generalmente muy  usureras y abusivas. Eso significa que funcionarios de alto rango estarían detrás de esa extorsión.

Los atrasos en el pago de trabajos ejecutados son una clara violación al contrato firmado entre las partes y un incumplimiento de lo que se establece en la ley 340-06, pues para ejecutar un proyecto se debe disponer de una apropiación de fondo, por lo que también se viola la Ley de Presupuesto de Ingresos Corrientes del gobierno central del año correspondiente.

Algunos funcionarios ligados al área de la construcción continúan violentado los contratos de obras al atrasarse en el pago de cubicaciones y tras la terminación de los proyectos se olvidan de liquidar la cubicación final. Ambas situaciones ocasionan serios daños patrimoniales a los constructores

Lo cierto es que los constructores de obras estatales tienen que aprender a defender sus derechos con gallardía y  no actuar confabulados con  la impunidad, sometiendo a la justicia a los funcionarios que incurren en abuso de poder y prevaricación administrativa.

El artículo 148 de la Constitución de la República  indica que “las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

Igualmente, el artículo 134 ley 41-08 sobre Función Pública dice que el Estado y los funcionarios públicos serán susceptibles de ser demandados solidariamente en Responsabilidad Civil ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, por los daños y perjuicios provocados con sus acciones u omisiones”.

Particularmente creo que aquellos constructores que tienen dificultades para cobrar deben someter a la justicia a los funcionarios abusadores, en memoria de decenas de contratistas que se suicidaron en los gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) agobiados por la situación de no cobrar trabajos ejecutados al Estado.

Se espera que el gobierno del licenciado Luis Abinader Corona, en el proceso de eliminación de la OISOE, incluya el pago de las deudas viejas depuradas con los contratistas de obras estatales. Hay que borrar la imagen de mala paga que los gobiernos del PLD le impregnaron al Estado dominicano!

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