Nuevo código penal de Haití blanco de numerosas críticas

PUERTO PRINCIPE (Prensa Latina).- El nuevo código penal, que debe entrar en vigor en 2022, es hoy blanco de numerosas críticas por parte de sectores religiosos y políticos que cuestionan su legitimidad.

El expresidente del Parlamento, Yuri Latortue, denunció que el código tiene como objetivo amnistiar a los responsables del despilfarro a los fondos públicos, que costó la pérdida de más de dos mil millones de dólares a las arcas estatales.

El también expresidente de la comisión de Ética y Corrupción del Senado, señaló que la nueva disposición penal solo exime del derecho a la amnistía, los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, dejando libre el camino al presidente para perdonar por asuntos políticos y delitos financieros.

Sobre esta base quienes participaron en la dilapidación de fondos públicos pueden recibir la libertad en cualquier momento, criticó el exlegislador.

Por su parte, sectores religiosos calificaron de amoral al nuevo código y cuestionaron su supuesto ataque contra la esencia de la humanidad, cultura, fe y sociedad

La Conferencia Episcopal de Haití invitó al ejecutivo a centrarse en los problemas reales de los haitianos y resolverlos, en lugar de buscar importar valores extranjeros y externos a las tradiciones, aseguraron.

Con cerca del millar de artículos, este código penal deroga al anterior, promulgado en 1835, y que sufrió varias modificaciones como la abolición de la pena de muerte, despenalización del adulterio, las relativas a la vagancia, y cambios en el régimen de agresión sexual y secuestro, entre otros.

La nueva disposición permite que las multas y sus sanciones se determinen por ley o por decretos presidenciales, a instancias del ministro en cuestión, ofrece una base legal a los principios que rigen el derecho penal haitiano, y establece que el derecho penal es aplicable a cualquier persona en el territorio nacional que haya cometido un delito de genocidio o de lesa humanidad, independientemente del lugar de los hechos.

Asimismo, responsabiliza a las personas jurídicas e introduce una variedad de sentencias alternativas al encarcelamiento, ausentes en la actual legislación.

Entre los puntos más progresistas se encuentra la despenalización del aborto, que solo es punible si se practica sin el consentimiento libre e informado de la mujer embarazada, con más de doce semanas, o sin tener en cuenta los requisitos de la ciencia médica, por alimentos, bebidas, drogas, entre otros.

De igual manera, se establecen nuevas instituciones, funciones y atribuciones al comisionado del gobierno que se convierte en fiscal general, mientras la mayoría criminal se fija a partir de los trece años.