Organizaciones demandan a la nueva regla de carga pública de Trump

NUEVA YORK.- Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Nueva York se sumó a la demanda que entablaron estados y el Distrito de Columbia (DC), en contra de la nueva regla de Carga Pública del gobierno de Donald Trump que busca dificultar la residencia legal permanente, afectar los ajustes de estatus y entorpecer las solicitudes de visas.

“Nosotros, junto con @LegalAidNYC, @theCCR y organizaciones aliadas, estamos demandando al gobierno de Trump por el ataque #PublicCharge en nuestras comunidades”, dijo Make the Road New York (Haciendo Camino Nueva York) en su cuenta de la red social Twitter. “La nueva regla tendría un impacto escalofriante en potencialmente millones de familias aquí NYC si entra en vigor el 15 de octubre”, agregó.

En similares términos se pronunció el grupo The Legal Aid Society de Nueva York. “Hemos presentado una demanda desafiando la regla #PublicCharge de la Administración Trump para ayudar a garantizar que nuestros clientes y todos los inmigrantes neoyorquinos puedan continuar accediendo a los programas de asistencia pública que ellos y sus familias necesitan para prosperar”, escribió en Twitter.

Las organizaciones, que brindan servicios y asistencia a inmigrantes en Nueva York, presentaron un recurso en una corte federal contra el gobierno por su nueva política de «carga pública», argumentando que la misma busca crear un país solo «para blancos y ricos».

La nueva regla fue anunciada el 13 de agosto. Tras conocerse los detalles de la medida, que forma parte de la política migratoria de tolerancia cero de Trump, abogados dijeron que se trata de un “ataque” a los inmigrantes con papeles en regla, el primero a gran escala del gobierno desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

La nueva disposición, que entraría en vigor a mediados de octubre luego de un período de 60 días de comentario público, no solo afectará a los inmigrantes futuros, sino que pone trabas a la inmigración legal al momento de ajustar sus estatus a residentes legales permanentes (green card) .

De acuerdo con la política anunciada, los inmigrantes legales que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación en caso de que soliciten un cambio de estatus y les nieguen la solicitud bajo amenaza de coinvertirse en una carga para el estado.