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SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, denunció que el Ministerio de Hacienda se ha negado a explicar el origen y destino de una deuda de RD$66,131,677,812, que figura en la ley de Presupuesto General del Estado.
“Se le tiene que acabar el relajo al PLD. No puede ser que los funcionarios este Gobierno se sientan por encima de la Ley y que, aun cuando estén obligados a explicar cómo se originan las deudas, embriagados de poder hagan caso omiso a un reclamo hecho con toda la formalidad que exige una solicitud de esta envergadura”, dijo.
Dijo que el pasado 16 de octubre solicitó al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la explicación de esa cifra en capítulos, subcapítulos, programa, unidad ejecutora e institución receptora, así como los detalles por concepto u objeto del gasto, por lo que espera que el funcionario “se digne” a explicar al país el origen de los más de 66 mil millones de pesos que el Gobierno intenta introducir de contrabando.
“La creación de cuentas por pagar es totalmente ilegal, demuestra falta de transparencia y constituye la ejecución de un presupuesto oculto, no aprobado dentro de la ley de Presupuesto General del Estado, algo que a todas luces evidencia que de forma descarada el Gobierno de Danilo Medina intenta introducir una deuda sin explicar su origen y para cuáles fines”, indicó.
Resaltó que «esta es una práctica muy usada en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que año tras año endeudan más al país sin ofrecer explicación alguna ni presentar los resultados de esas decisiones a todas luces cuestionables».
Recordó que «las instituciones públicas no pueden contraer deudas no contempladas en conformidad con la legislación vigente aplicable. Hacerlo constituye una violación a la Constitución de la República, ya que es competencia exclusiva del Congreso Nacional legislar en todo lo concerniente a la deuda pública».
«Es tiempo de detener la práctica vergonzosa del Poder Ejecutivo de reconocer cada año en la ley de Presupuesto General del Estado la disminución de cuentas por pagar, por ser esta insostenible y violatoria a todas las disposiciones legales existentes, además de constituir una ejecución de un presupuesto clandestino, no transparente», afirmó.
Recordó que «todas las instituciones públicas están obligadas a solo comprometer y devengar los gastos a los cuales la Dirección General de Presupuesto les ha reservado previamente la partida presupuestaria correspondiente dentro el presupuesto aprobado por el Congreso».
«El pueblo merece la explicación sobre el origen de esas cuentas por pagar», sostuvo.
Explicó que «el Congreso no puede validar deudas sin ser aprobadas por el Consejo de la Deuda Pública sin que en estas estén definidas las características, en cuanto al plazo mínimo de amortización, así como tasa de interés y comisiones, y sin la verificación de esto último por la Superintendencia de Valores».