Santo Domingo, 2 jul.- El exsenador y expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista dijo hoy que acata la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SJC) de ratificar al juez de ese organismo Francisco Ortega para que conozca el proceso contra los imputados de recibir sobornos de Odebrecht.
De esta manera, la SCJ desestimó recusaciones de algunos de los acusados, entre ellos Bautista, contra el magistrado.
«Nosotros acogemos las decisiones que toman las autoridades y, en ese sentido, la acatamos», dijo Bautista a periodistas, pero abogó por jueces que actúen apegados «a la independencia y justicia».
Ortega aplazó el lunes pasado el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio contra siete imputados, que él mismo había fijado para el 6 de julio próximo, hasta tanto el pleno de la Suprema Corte decidiera si admitía o no las recusaciones.
Además de por Bautista, el juez fue objetado por abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, señalado como el distribuidor de 92 millones de dólares en sobornos.
Los abogados de los tres acusados alegaron que el juez del Supremo no podía iniciar el proceso en su contra porque fue quien conoció las medidas de coerción que solicitó el Ministerio Público el año pasado contra ellos, que formaban parte de un grupo de 14 acusados en esa ocasión.
Además de esos tres imputados, también están acusados de recibir sobornos el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el expresidente del Senado Jesús Vásquez Martínez y el exsenador y exdiputado Roberto Rodríguez.
El Ministerio Público los acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Del expediente quedaron fuera el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, los exvicepresidentes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales César Sánchez y Radhamés Segura, el senador del PLD Julio César Valentín y el diputado del PRM Alfredo Pacheco.
También fueron excluidos el exdiputado Ruddy González y los exfuncionarios del sector eléctrico Máximo D’ Óleo y Bernardo Castellanos.
La Procuraduría General de la República dijo que dispuso el «archivo» de los expedientes en cada uno de esos casos porque no encontró pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra ese grupo.
Odebrecht confesó que repartió los 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de millonarias infraestructuras públicas en República Dominicana.
La multinacional llegó a un acuerdo con la Procuraduría mediante el cual pagará 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo dado en sobornos.EFE


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