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A rajatabla
Ninguna obra del hombre alcanza el rango de la perfección, menos aún las de carácter jurídico como códigos y leyes, por lo que no se debería aspirar a que el Proyecto de Ley de Naturalización Especial sea morocota de oro para todos los intereses que divergen en torno al tema migratorio y de nacionalidad.
Todos deberían reconocer que esa pieza armoniza la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, sin colisionar con la Constitución de la Republica ni permitir la degradación de la soberanía nacional, además de respetar derechos esenciales de las personas.
Ordenar un desorden migratorio que data de ochenta años no es ni puede ser tarea de 24 horas, una semana un mes o 365 días, por lo que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso ha tenido la virtud de acercarse a lo ideal sin alejarse de los justo y racional.
Es el caso de las personas nacidas aquí, hijos de inmigrantes indocumentados que obtuvieron actas de nacimiento y cedula de identidad de buena fe por un oficial del registro Civil, que han desarrollado su vida en la certeza de que son dominicanos, amparados en documentos oficiales legítimos.
El juez de control constitucional determinó que esos documentos son irregulares porque el oficial que lo emitió no tenía autoridad para concederlos, pero al mismo tiempo ordena que se regularice esa situación, cuya falta imputable recae sobre el Estado.
En el proyecto de ley se establece que regularizar los documentos de esas personas es la “forma más justa, rápida, justa y definitiva” de terminar su incertidumbre y la de sus descendientes. Es obvio que el Estado no puede enarbolar una falta propia para causar perjuicios.
El otro segmento de hijos de inmigrantes ilegales, es el integrado por personas que carecen de documentos que prueben su nacionalidad, quienes conforme al proyecto de ley tendrán que probar que nacieron aquí, inscribirse en el Registro de Extranjería y acogerse al decreto presidencial que instituye el Plan Nacional de Regularización Migratoria.
En todas partes del mundo se permite que las personas en esa situación puedan cumplir con requisitos legales para obtener residencia temporal o permanente, laboral o de estudiantes y hasta poder optar por la naturalización.
Los extranjeros que prevalidos del fraude obtuvieron actas de nacimiento o cualquier documentación oficial relativa al estatus migratorio no podrán acogerse a los beneficios de la ley, por lo que serían repatriados o deportados. El presidente Danilo Medina ha cumplido.
