Al ser encontrado el cadáver del abogado y catedrático universitario Juniol Ramírez, un destacado comunicador y hombre de la política (Rafael -Fafa- Taveras) así como un connotado jurista (Tomás Castro) han adelantado, a menos de tres horas de encontrar el cadáver, que “se trata de un crimen de Estado”. Por la seguridad en sus pronunciamientos, tendríamos que descalificar a las autoridades competentes para realizar la exhaustiva investigación que demanda un crimen perpetrado con odio y saña espeluznantes.
Grandes titulares venden como verdad la hipótesis de que el joven jurista fue secuestrado en la universidad estatal, asesinado y luego tirado en el lugar donde fue hallado, tras familiares reportar su desaparición.
Las fotografías publicadas retratan un crimen que bien merece ser analizado por profesionales de la psiquiatría, debido al perfil de desprecio que revela. Nadie merece morir asesinado y menos de una manera tan espantosa y cruel.
Las circunstancias, las razones, así como quién o quiénes perpetraron ese asesinato, deben ser investigadas a profundidad, y no puede dejarse al olvido, pero tampoco pueden aceptarse como verdad las afirmaciones prejuiciadas de las figuras citadas.
Las autoridades del gobierno y sus organismos investigativos tienen el desafío de realizar las debidas diligencias y establecer las responsabilidades sobre este inaceptable hecho. La línea de investigación, no debe excluir a nadie, así se trate de sectores del poder gubernamental o fáctico de la vida nacional.
Todo quien pueda facilitar informaciones que ayuden al curso de la investigación debe darlas, pero es necesario ser prudentes y no aventurarse a establecer juicios o conclusiones apriorísticas que puedan obstaculizar el establecimiento de la verdad ante tan lamentable y aterrorizante caso.
Acusar sin base, puede conducir al entorpecimiento, a desviar la investigación o a complicidad con el autor o autores del crimen contra el profesor Juniol Ramírez._


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