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MARSELLA, Francia.- La justicia francesa decidió remitir a 14 personas a un tribunal de lo penal del departamento de Bocas del Ródano (sur) por el caso “Air Cocaine”, el apodo de una red de importación de cocaína por vía aérea desde República Dominicana, informó una fuente judicial el sábado.
El caso estalló el 19 de marzo de 2013, en el aeropuerto de Punta Cana, cuando las autoridades dominicanas detuvieron a dos pasajeros y dos pilotos franceses de un avión privado que se disponía a viajar rumbo a la localidad francesa de Saint-Tropez. A bordo del aparato, la Dirección de Control de Drogas de la República Dominicana encontró 26 maletas que contenían 700 kilos de cocaína.
En su mandato, que data del jueves, los magistrados franceses decidieron enviar a 14 personas ante el tribunal de lo penal, entre otras razones, por “importación de estupefacientes en banda organizada“, es decir, cocaína, “posesión y transporte de estupefacientes” o “posesión de fondos” provenientes de actividades ilegales.
Entre las personas afectadas se encuentran los franceses Ali Bouchareb, ya condenado por tráfico de estupefacientes, y Frank Colin, figura de la jet set en Saint-Tropez y empresario en Rumanía, ambos designados como los “organizadores y comandatarios de las importaciones de estupefacientes”.
Además, serán juzgados los dos pilotos arrestados en Punta Cana, Bruno Odos y Pascal Fauret, que siempre proclamaron su inocencia y cuya rocambolesca “exfiltración” de República Dominicana, donde fueron condenados a 20 años de cárcel, fue uno de los principales sobresaltos de este caso.
Estos expilotos del ejército francés fueron designados como los “transportistas”, al igual que Fabrice Alcaud y Pierre-Marc Dreyfus, responsables de la compañía SNTHS de locación de aviones privados.
También serán remitidos al tribunal Nicolas Pisapia y Alain Castany, dos franceses a los que la justicia dominicana condenó a 20 años de cárcel en 2016 por el mismo caso, y que siguen en el país caribeño.
El abogado de Pisapia, Julien Pinelli, dijo a la AFP que recurriría este mandato de acusación.
