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SANTO DOMINGO.- La fundación Transparencia y Democracia consideró “muy atinada y oportuna” la solicitud de autorización para un criterio de oportunidad cursada por la Procuraduría General de la República, de la cual fue apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual tiene previsto emitir su decisión al respecto el próximo miércoles 19 en la tarde.
El presidente de Transparencia y Democracia, Licdo. Cesar Manuel Matos Díaz, estimó que el “Criterio de Oportunidad” es una figura jurídica establecida por el artículo 34 del Código Procesal Penal Dominicano, el cual faculta al Ministerio Publico, mediante dictamen debidamente motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, uno o algunos de los imputados o limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles.
Señaló que esta medida de por sí garantiza que los implicados en el afamado caso Odebrecht serán procesados y enviados ante la jurisdicción correspondiente.
El jurista dijo que «la condición principal para la celebración del referido Criterio es la aceptación de la culpa por parte del infractor, en este caso la firma constructora que dirige el millonario de nacionalidad brasileira Marcelo Bahía Odebrecht, que viabiliza la ejecución del acuerdo con la multinacional».
Indicó que esta última, conforme el acuerdo, acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los funcionarios dominicanos sobornados y el destino de los fondos.
Además, destacó el dirigente de la sociedad civil, que según se ha informado, la Procuraduría General de la Republica, esta compilando todas las informaciones su alcance provenientes de la investigación que se realiza a nivel local, junto a la suministrada por las autoridades brasileiras, así como las que aporten los representantes de la constructora, para proceder en consecuencia, a establecer cuáles son los ilícitos penales, o sea la existencia de conductas típicas, para iniciar los sometimientos a la justicia de todos aquellos que hayan violado las leyes.
Matos Díaz señaló además que es responsabilidad del Ministerio Publico y los actores civiles velar por que los daños causados sean razonablemente reparados, lo que implica teóricamente que la reparación sea proporcionar a las lesiones al bien jurídicamente protegido.
sp-am