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Santo Domingo, jul (EFE).- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana advirtió que los funcionarios públicos electos, reelegidos, designados, ratificados o que continúen en sus cargos después del 16 de agosto de este año, deben proceder a depositar su declaración jurada de patrimonio en un plazo de 30 días, a contar de la fecha de posesión de sus funciones.
La institución fiscalizadora indicó que también están obligados a hacerlo en cumplimiento de la referida ley aquellos funcionarios que hayan cesado en sus funciones.
Señaló que en su calidad de órgano superior del sistema de control y auditoría, responsable del control, fiscalización y aplicación de dicha legislación, “informa a todos los funcionarios públicos obligados por el artículo 2 de la referida ley y el artículo 3 de su reglamento de aplicación, hacer su declaración jurada”.
Resaltó que los servidores públicos electos, reelegidos, designados, ratificados o que continúen en sus cargos después del 16 de agosto de 2016, sin importar que hayan presentado su declaración con anterioridad, tienen que presentar su declaración jurada de bienes”.
Según informó la institución en nota de prensa, entre los estamentos que deben declarar se encuentran el Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y autónomos, legislativo, judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Junta Central Electoral y la administración local, que incluye los alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales.
También, los directores, vocales, tesoreros de los distritos municipales, el secretario general y los subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana (LMD). De igual forma, los directores administrativos, financieros y encargados de compras y contrataciones de las entidades locales y la LMD.
Asimismo, el servicio exterior y Cancillería, Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Contraloría General de la República, Tesorería Nacional, Banco Central, Junta Monetaria, Consejo Nacional de Seguridad Social, Fuerzas castrenses y Policía Nacional.
Además, bancos y empresas estatales, universidad estatal y hospitales públicos.EFE
