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SANTO DOMINGO.- La Fundación Transparencia y Democracia, Inc., afirmó que la redistribución del número de diputados dispuesto por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) constituye un mandato constitucional.
Observó que la carta magna, en su artículo 81, ordena que los 178 diputados del nivel territorial sean distribuidos de conformidad con la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos escaños por provincia.
El presidente de Transparencia y Democracia, César Manuel Matos Díaz, dijo que en cierta forma comprende la inquietud y la preocupación de los organismos provinciales de los partidos políticos, pero que la Constitución de la República se impone a las aspiraciones frustradas de los dirigentes partidarios de las provincias afectadas.
El dirigente de la sociedad civil expresó, sin embargo, que las organizaciones políticas deben ser cuidadosas al externar sus reclamos en ese sentido, pues la población puede asimilar que la dirigencia política nacional coloca sus aspiraciones por encima de los preceptos constitucionales.
Empero, Matos Díaz, enfatizó que la verdadera preocupación de los partidos políticos “no debe ser esa, sino la causa que está provocando el éxodo masivo de nuestros ciudadanos de las provincias hacia Santo Domingo y el Distrito Nacional”.
A su juicio, este flujo hacia la Capital “denota la falta de oportunidades de superación de la juventud en sus respectivos pueblos natales, pues si dicho éxodo continúa, muy pronto habrá que reducir el número de provincias, pues habrán demarcaciones geográficas que desaparecerán por falta de población”.
jpm
