Reforma policial sin rumbo

La reforma policial ha sido presentada por el presente Gobierno como una de las principales transformaciones institucionales de su gestión.

Durante seis años se han anunciado inversiones millonarias, comisiones, asesorías nacionales e internacionales, programas de capacitación, adquisición de equipos y cambios estructurales, muchos de ellos encabezados o supervisados directamente por el Presidente de la República.

Sin embargo, la realidad de la seguridad ciudadana plantea una pregunta inevitable: ¿hacia dónde va realmente la reforma policial y cuáles son sus resultados concretos?

Una reforma institucional no puede medirse por la cantidad de reuniones, equipos adquiridos, cambio de uniformes, capacitaciones realizadas o recursos ejecutados.

Debe medirse por resultados: reducción de la criminalidad, prevención efectiva del delito, capacidad de investigación, profesionalización de los agentes, fortalecimiento del control interno, respeto a los derechos fundamentales y recuperación de la confianza ciudadana.

Sin lugar a dudas que los planes de seguridad ciudadana de la actual gestión han fracasado, entre otras razones, por una falta de visión institucional que llevó a desechar parte de la experiencia acumulada en la propia Policía Nacional para impulsar transformaciones ajenas a la realidad sociopolítica dominicana.

Las asesorías internacionales pueden aportar conocimientos valiosos, pero ningún modelo extranjero debe aplicarse mecánicamente a una realidad diferente. Las mejores experiencias deben adaptarse a las condiciones dominicanas.

También debe revisarse el enfoque de la profesionalización policial. La ciudadanía no necesita simplemente policías con títulos universitarios, necesita policías preparados para hacer correctamente el trabajo policial: capacitación en prevención del delito, patrullaje, mediación, manejo de conflictos, investigación, derechos humanos y trabajo comunitario.

Otro elemento que merece atención es el reciente relevo del Director General de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, después de apenas seis meses en el cargo.

Pero más llamativos fueron sus pronunciamientos durante la despedida, cuando exhortó a los agentes a mantener sus principios y hacer lo correcto aun cuando ello pudiera tener consecuencias para su permanencia en el cargo.

Ese mensaje merece una explicación pública. ¿Qué circunstancias motivaron ese llamado? ¿Existen condiciones internas que puedan estar desestimulando la actuación ética de los agentes?

Después de seis años y de una considerable inversión de recursos públicos, el Gobierno tiene la obligación de presentar una evaluación objetiva de la reforma policial: ¿cuánto se ha invertido?, ¿qué metas fueron establecidas?, ¿cuáles se han cumplido?, ¿cuáles no?

Estas no son preguntas partidistas. Son preguntas de gestión pública. Una política pública seria requiere diagnóstico, objetivos, indicadores, presupuesto, ejecución, monitoreo y evaluación.

La República Dominicana necesita una Policía moderna, profesional, eficiente, disciplinada y cercana a las comunidades. Necesita agentes bien formados y equipados, mejores sistemas de investigación y prevención, controles internos eficaces y una cultura institucional basada en la ética y el respeto a la ley.

Pero, sobre todo, necesita una política pública de seguridad con rumbo, objetivos claros, continuidad y evaluación de resultados.

Porque una reforma que consume recursos millonarios y genera grandes expectativas, pero no consigue transformar sustancialmente la realidad de la seguridad ciudadana, corre el riesgo de convertirse en una reforma fallida. Una reforma policial sin rumbo no puede garantizar seguridad.

La sociedad dominicana necesita saber si existe una verdadera política de Estado en materia de seguridad o si estamos ante una sucesión de iniciativas sin continuidad y sin dirección estratégica.

En seguridad ciudadana, la respuesta no puede seguir siendo otra promesa. Tiene que ser el resultado.