POR EZEQUIEL CUEVAS
En la República Dominicana, una parte importante de la población observa con preocupación cómo algunos políticos, policías y delincuentes convergen en prácticas que lesionan la confianza pública. Los políticos son frecuentemente acusados de prometer cambios, transparencia y bienestar durante las campañas electorales, para luego olvidar sus compromisos una vez alcanzan el poder.
Esta conducta ha generado la percepción de que la política ha dejado de ser un instrumento de servicio público para convertirse, en muchos casos, en una vía de ascenso económico y social para quienes logran controlar los recursos del Estado.
La Policía, por su parte, enfrenta una crisis de credibilidad derivada de numerosos casos de corrupción, abusos de autoridad, extorsiones, uso excesivo de la fuerza y vínculos con actividades ilícitas protagonizados por algunos de sus miembros. Cuando quienes tienen el deber de hacer cumplir la ley son señalados por violarla, la ciudadanía percibe una contradicción que debilita el respeto a las instituciones y fortalece el sentimiento de impunidad.

Los delincuentes representan la expresión más visible de la criminalidad, pues recurren al robo, la estafa, el narcotráfico, la violencia y otras actividades ilícitas para obtener beneficios personales. Sus acciones afectan directamente a las víctimas y generan inseguridad en las comunidades. Sin embargo, para muchos ciudadanos la diferencia entre el delincuente común y el delincuente de cuello blanco radica únicamente en los medios utilizados, no necesariamente en la finalidad de obtener ventajas indebidas.
La comparación crítica entre estos tres sectores surge porque, en la percepción popular, los políticos deshonestos utilizan el poder para enriquecerse, los policías corruptos utilizan la autoridad para abusar de los ciudadanos y los delincuentes emplean la fuerza o el engaño para apropiarse de lo ajeno. En los tres casos aparece un denominador común: la utilización de una posición, una oportunidad o una ventaja para obtener beneficios personales en perjuicio de la sociedad y del interés colectivo.
No obstante, una sociedad justa debe reconocer que estas críticas no pueden extenderse indiscriminadamente a todas las personas que integran dichos sectores. Existen políticos honestos, policías comprometidos con la ley y ciudadanos que trabajan diariamente por el bienestar del país.
El verdadero desafío de la República Dominicana consiste en fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y la impunidad, y garantizar que quienes traicionen la confianza pública respondan ante la ley, sin importar el cargo, uniforme o condición que ostenten.
jpm-am


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