¿Quién protege al ciudadano cuando el Estado falla?

Por RAFAEL MOTA PAULINO

La Policía Nacional Dominicana no puede seguir operando como si estuviera por encima de la ley. Su misión es proteger la vida, garantizar el orden y servir a la ciudadanía, no sembrar miedo ni actuar con la brutalidad que demasiadas veces termina en tragedia. Cuando un agente dispara contra un joven y le arrebata la vida, como ocurrió recientemente en Herrera, no estamos ante un “hecho aislado” ni ante un simple exceso: estamos frente al fracaso de una institución que el gobierno y el poder ejecutivo han permitido degradar durante años.

El asesinato de ese joven a manos de un policía ha provocado indignación nacional porque desnuda una verdad incómoda: la Policía sigue arrastrando una cultura de abuso, impunidad y desprecio por la vida humana. Mientras las autoridades intentan reducir estos hechos a comunicados vacíos y promesas repetidas, la ciudadanía sigue enterrando a sus hijos. ¿Cuántos casos más hacen falta para que el gobierno admita que la reforma policial actual es insuficiente, superficial y claramente incapaz de frenar estos crímenes?

La Constitución dominicana es clara: la Policía Nacional debe prevenir delitos y proteger a la población, no convertirse en una amenaza para ella. Pero ese mandato se viola cada vez que un agente usa su arma de reglamento como si tuviera licencia para matar. Se viola también cuando las autoridades políticas protegen la imagen institucional antes que la verdad, cuando encubren, minimizan o dilatan las investigaciones, y cuando el poder ejecutivo prefiere discursos de orden público en lugar de asumir su responsabilidad directa en la crisis policial.

No basta con condenar el hecho después de ocurrido. No basta con separar temporalmente al agente involucrado ni con repetir que “se investigará”. Eso ya no convence a nadie. Lo que el país necesita es una nueva reforma policial de verdad, profunda, radical y sin maquillaje: depuración real de los cuerpos, controles estrictos sobre el uso de la fuerza, sanciones ejemplares, supervisión civil efectiva y una formación obligatoria basada en derechos humanos, manejo de crisis y respeto absoluto por la vida. Todo lo demás es complicidad.

Cada joven asesinado por un agente del orden confirma que el problema no es solo individual, sino estructural. Hay una cadena de mando, una cultura institucional y una responsabilidad política que llega hasta el más alto nivel del gobierno. Si el poder ejecutivo no actúa con firmeza, si no rompe con la lógica de impunidad que protege a los abusadores uniformados, entonces también carga con parte de la culpa. Porque gobernar no es administrar excusas: es impedir que el Estado siga matando a quienes juró proteger.

La República Dominicana no necesita una Policía temida por los ciudadanos; necesita una Policía sometida a la ley, vigilada por la sociedad y obligada a responder por cada abuso. El caso del joven asesinado en Herrera debe ser un punto de quiebre. Si el gobierno insiste en postergar una reforma policial real, seguirá siendo responsable de que la violencia institucional continúe cobrando vidas inocentes. Y eso, en una democracia, es inaceptable.