Reflejar la verdadera riqueza en calidad de vida de la gente

POR EUREN CUEVAS MEDINA

La República Dominicana es, sin duda, una nación privilegiada. Pocos países reúnen una combinación tan extraordinaria de recursos naturales, ubicación geográfica, biodiversidad, tierras fértiles, clima favorable y atractivos turísticos. Esa riqueza no pertenece únicamente al patrimonio privado; forma parte del patrimonio común de todos los dominicanos y constituye una ventaja competitiva construida por la naturaleza y protegida por la Constitución.

Sin embargo, esa riqueza colectiva contrasta con una realidad que afecta a miles de familias: salarios insuficientes, desigualdad de oportunidades y servicios públicos que aún no alcanzan los niveles de calidad que demanda la ciudadanía. La paradoja es evidente: un país con enormes potencialidades donde muchas personas todavía luchan diariamente para cubrir sus necesidades básicas.

La Constitución de la República Dominicana define al país como un Estado Social y Democrático de Derecho. En su artículo 7 establece que el Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y el trabajo. Asimismo, el artículo 8 dispone que una de las funciones esenciales del Estado es garantizar condiciones que permitan a las personas desarrollarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de justicia social.

Estos principios constitucionales invitan a reflexionar sobre la distancia que, en ocasiones, existe entre el crecimiento económico y las condiciones de vida de una parte importante de la población.

De acuerdo con estadísticas oficiales, el costo de la canasta familiar continúa representando un desafío para numerosos hogares dominicanos, mientras la Oficina Nacional de Estadística mantiene un seguimiento permanente de los indicadores de pobreza monetaria y desigualdad.

Pregunta

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si el propio Estado está liderando con el ejemplo. Ningún gobierno debería conformarse con que existan servidores públicos cuyo ingreso resulte insuficiente para cubrir dignamente las necesidades esenciales de sus familias. El salario no debe ser visto únicamente como una obligación contractual, sino como un instrumento para garantizar la dignidad del trabajo humano, principio que inspira nuestro orden constitucional.

Por ello, considero que el Estado debe asumir un compromiso firme: que ningún empleado público perciba un salario inferior al costo de la canasta familiar. Si el Estado aspira a ser promotor de justicia social, debe comenzar por asegurar condiciones dignas a quienes trabajan en sus instituciones.

La desigualdad también se manifiesta en la marcada diferencia entre los beneficios que reciben altos funcionarios y las condiciones laborales de muchos servidores públicos. Mientras algunos cuentan con amplios privilegios administrativos, otros enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos de alimentación, transporte o vivienda. Reducir esa brecha no solo tendría un efecto económico, sino también moral e institucional, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Existe, además, otra realidad que merece un debate nacional. Muchos de quienes toman decisiones sobre educación, salud, transporte y otros servicios públicos no dependen personalmente de esos servicios. Sus hijos estudian en centros privados, reciben atención médica privada y rara vez experimentan las limitaciones que viven millones de ciudadanos.

No se trata de restringir derechos individuales, sino de promover una mayor responsabilidad pública. Una propuesta que merece ser discutida consiste en que quienes ocupen las más altas funciones del Estado utilicen, como regla general y cuando sea razonablemente posible, los principales servicios públicos que administran. Gobernar desde la experiencia cotidiana de la ciudadanía puede convertirse en un poderoso incentivo para elevar la calidad de esos servicios.

Cuando un ministro lleva a sus hijos a una escuela pública, cuando un director recibe atención en un hospital público o cuando un alto funcionario utiliza regularmente el transporte colectivo, las deficiencias dejan de ser simples estadísticas y se convierten en problemas personales que exigen soluciones inmediatas.

La República Dominicana no necesita descubrir nuevas riquezas; necesita administrar con mayor equidad las que ya posee. El verdadero desarrollo no puede medirse únicamente por el crecimiento del producto interno bruto ni por la llegada de inversiones o turistas. Debe medirse, sobre todo, por la calidad de vida de las personas, por la fortaleza de los servicios públicos y por la capacidad de cada familia para vivir con dignidad fruto de su trabajo.

Nuestro país posee todas las condiciones para convertirse en un referente regional de desarrollo humano. Lo que hace falta es que el crecimiento económico tenga como principal destino el bienestar de la población y que la administración pública sea ejemplo de equidad, transparencia y compromiso con el interés general.

La riqueza de la República Dominicana pertenece a todos. El desafío histórico consiste en lograr que esa riqueza deje de ser un privilegio de pocos y se convierta en una realidad palpable para cada dominicano, mediante salarios dignos, servicios públicos de excelencia, instituciones fuertes y una distribución más justa de las oportunidades.

Solo entonces podremos decir que somos un país verdaderamente rico: no únicamente por los recursos que poseemos, sino por la dignidad con la que vive nuestro pueblo.