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La acumulación de escándalos en la gestión del presidente Luis Abinader ha dejado de ser una secuencia de episodios aislados para convertirse en un clima político constante.
La excepción, peligrosamente, parece haberse vuelto norma.
En los últimos meses, los casos se han multiplicado. Desde irregularidades detectadas en el seguro estatal hasta cuestionamientos en el Ministerio de Agricultura, el patrón se repite con inquietante regularidad: fallas administrativas que derivan en destituciones y crisis de credibilidad.
No se trata solo de errores puntuales, sino de señales persistentes de debilidad institucional.
A ello se suma la situación en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, organismo clave para la fiscalización del Estado que hoy enfrenta conflictos internos y señalamientos que erosionan su autoridad.
Este caso resulta particularmente alarmante. Cuando la entidad encargada de auditar pierde legitimidad, el problema deja de ser coyuntural y adquiere un carácter estructural: fallan quienes ejecutan, pero también quienes deben supervisar.
Frente a este escenario, el presidente Abinader parece debatirse entre dos tensiones. Por un lado, sostiene una narrativa de “tolerancia cero”, permitiendo que las investigaciones avancen incluso dentro de su propia administración.
Por otro, intenta contener el costo político de una crisis que amenaza con volverse permanente y opacar los avances de su gestión.
Los casos en Agricultura y la crisis en la Cámara de Cuentas refuerzan una conclusión incómoda: el problema no distingue niveles. Atraviesa tanto la ejecución como el control, revelando fisuras en múltiples capas del aparato estatal.
El Gobierno opera así bajo una lógica de desgaste. Cada nuevo escándalo erosiona su capital político, pero una intervención más directa podría contradecir su apuesta por la institucionalidad.
Esa delgada línea, sin embargo, tiene límites. Cuando los casos se vuelven recurrentes, la transparencia deja de percibirse como fortaleza y comienza a interpretarse como incapacidad de control.
En ese punto, la discusión trasciende la lucha contra la corrupción. Se trata, más bien, de la capacidad de sostener la gobernabilidad en medio de ella.
Porque en política no basta con exponer los problemas; también es imprescindible demostrar que el Estado puede corregirlos antes de que terminen por definir su propia identidad.
JPM