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Santo Domingo, 20 jun (EFE).- El delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), Danilo Díaz negó que la sentencia emitida este viernes por el Tribunal Superior Electoral (TSE), anule el proceso de consulta que esa organización se propone organizar para escoger su aspirante a la candidatura presidencial.
«La sentencia que acaba de dar a conocer el Tribunal Superior Electoral (TSE) no le prohíbe al Partido de la Liberación Dominicana hacer su consulta en el año 2026», afirmó Díaz, de acuerdo a una nota de esa formación.
Explicó que lo que se ha anulado es todo lo relativo a la inscripción de aspirantes, «que no fue organizado» por el organismo competente.
Dijo que el TSE, según se desprende del escrito de la sentencia, se apoya en los estatutos del PLD para fijar su posición, lo que «en gran medida» es un reconocimiento a la normativa que rige la vida cotidiana del PLD.
«En la sentencia se deja claro que es una competencia del Comité Central y no del Comité Político, lo relativo al proceso de reglamentar la consulta, la apertura de la inscripción y establecer las reglas del juego que garanticen la igualdad de oportunidades que deben tener todos los aspirantes», abundó.
En términos prácticos, según la nota, Díaz explicó que la sentencia lo que establece es «cómo debe hacerse la consulta, es decir, aclara cuál es el organismo competente en el PLD para realizarla».
Dijo que la sentencia ratifica la potestad que tiene el Comité Político peledeísta para proponer y que el Comité Central es el organismo partidario que debe reglamentar el proceso, definir lo relativo a la inscripción de aspiraciones y garantizar la participación de manera igualitaria.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró hoy ilegal la consulta interna que el Partido de la Liberación Dominicana procura realizar para escoger a su candidato presidencial con dos años de anticipación a las elecciones de 2028.
Según la decisión del alto tribunal, el proceso impulsado por el Comité Político del PLD para realizar una consulta en el primer trimestre de 2026 con el fin de identificar y seleccionar a un aspirante presidencial, no cumple con los principios de legalidad ni equidad establecidos en la normativa electoral vigente.