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No es un rejuego de palabras, ni siquiera hay que ir al diccionario; la lectura tiene que ser política para definir la regulación y la deportación.
En este momento lo único que se puede aplicar es la deportación de indocumentados. Para la economía nacional es prácticamente imposible hacer frente a ese río desbordado de los ilegales.
Los haitianos son la gran mayoría, pero hay indocumentados de otros países que también tienen que ser detenidos y deportados.
Si se inicia un proceso de regulación se estará dando la oportunidad a todos los indocumentados de quedarse en el país. La regulación los legalizaría, le daría un nombre legal y los sacaría del temor a ser deportados. Esa no es la solución.
La regulación la quieren los empresarios, sobre todo los ligados a la agroindustria y a la construcción. Es su cobija para evitar deportaciones que les ahuyente una mano de obra casi regalada y sin ninguna conquista laboral.
Hay que dominicanizar los trabajos del campo y al sector de la construcción, pero ello tiene sabor a aumento de nóminas, poner seguridad social y dar un trato respetuoso a los obreros.
Pero sobre todo, se estaría dando oportunidad a los dominicanos que quieran trabajar en estos renglones de encontrar facilidades de poder vender su fuerza de trabajo con la mayor dignidad.
El dominicano trabaja como el que más. Se dedica con responsabilidad a sus obligaciones. Puede ser de primera utilidad en la construcción y la agroindustria. Pero se le debe pagar bien.
Ahí está el problema. Paulatinamente la mano de obra haitiana fue sacando a los dominicanos, al tiempo que el oficio se degradaba. Inclusive hay empresarios que prefieren dejar a un lado la tecnología y seguir con los braceros, paro no tener que hacer mayores gastos.
Un teórico pro-haitiano puede sencillamente considerar que es un rejuego de palabras la regulación y la deportación: no es así. Entraña la corriente de las nuevas relaciones laborales que se deben instaurar en el país.
El código laboral y el ministerio de Trabajo están claro de que en cualquier empresa el 80 por ciento debe ser integrada por asalariados dominicanos y el 20 por ciento de extranjeros. O sea, siempre se debe encontrar una mayoría de dominicanos.
La ordenanza no solo es violada por los empresarios dominicanos, sino que también pasa en los restaurantes chinos, y otros establecimientos donde se trabaja como le da la gana al dueño. Actuando en violación de la leyes.
jpm-am
