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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el proceso de licitación pública nacional del Ayuntamiento de San Cristóbal para la recolección y transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028, por un monto de RD$240 millones, tras detectar presuntas violaciones a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
La medida cautelar está contenida en el acto administrativo MONITOREO-34-2026, emitido luego de un proceso de monitoreo preventivo en el que el órgano rector identificó la ausencia de estudios previos obligatorios y varias inconsistencias en la estructuración de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.
Según la DGCP, estas condiciones podrían afectar los principios de libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la legislación sobre contrataciones públicas.
IRREGULARIDADES DETECTADAS
Entre los hallazgos técnicos señalados figura una contradicción relacionada con la exigencia de contar con instalaciones operativas antes de presentar cartas de compromiso con un plazo de 30 días.
El órgano rector también cuestionó la combinación de requisitos considerados desproporcionados, como la exigencia de experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional junto con la obligación de contar con domicilio local.
Asimismo, detectó ambigüedades en el pliego respecto a la diferencia entre domicilio legal y centros de operaciones, aspectos que, según la DGCP, requieren ser revisados para garantizar condiciones adecuadas de participación.
VÍNCULOS BAJO INVESTIGACIÓN
Como parte del proceso de monitoreo y debida diligencia, la DGCP informó que revisó la oferta técnica presentada por Producciones D&P San Cristóbal, empresa que resultó habilitada en el procedimiento.
De acuerdo con la documentación examinada por el órgano rector, los contratos de arrendamiento correspondientes a las instalaciones destinadas a las operaciones comerciales incluyen como titular de la propiedad a Alicia Aurora Uribe Domínguez, junto a Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa.
La DGCP indicó que Ruiz de la Rosa formó parte hasta 2023 del órgano de administración de la misma empresa que participó en el proceso, conforme a la documentación societaria depositada en el Registro de Proveedores del Estado.
El organismo agregó que Ruiz de la Rosa mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
Estos elementos fueron incluidos dentro de los hallazgos de la labor de monitoreo y debida diligencia realizada por la institución.
SUSPENSIÓN INMEDIATA
La DGCP informó que la suspensión del procedimiento fue ejecutada de manera inmediata mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
La medida también fue notificada formalmente al Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal, para los fines correspondientes.
La suspensión se produce mientras el órgano rector examina las condiciones bajo las cuales fue estructurado el proceso de contratación y los hallazgos identificados durante el monitoreo preventivo.
of-am
