Cada tres años ocurre el mismo ritual. La OCDE publica los resultados de PISA, el gobierno de turno organiza una rueda de prensa en el Palacio Nacional, se celebra el “mejor resultado histórico”, siempre lo es, porque partimos del sótano, y a los tres días el tema desaparece de la agenda pública hasta la próxima edición.

PISA 2025 no ha sido la excepción: 361 puntos en Ciencias, 346 en Lectura, 339 en Matemática. Cifras que, leídas sin contexto, permiten el aplauso oficial. Leídas con rigor, exponen exactamente lo que hemos venido señalando desde hace años: la educación dominicana no tiene un problema de recursos, sino de clase.

Lo que el discurso oficial omite

El argumento de siempre es la pobreza: “somos un país en desarrollo, no podemos compararnos con la OCDE”. Es un argumento cómodo y falso. Brasil tiene un PIB per cápita levemente inferior al dominicano y obtuvo 48 puntos más en Ciencias, 62 más en Lectura y 38 más en Matemática.

Perú, con menos ingresos per cápita que nosotros, nos supera en más de 40 puntos en las tres áreas. Colombia, con un ingreso un 23% menor, también nos aventaja con holgura. Si el ingreso nacional explicara el resultado, estos tres países deberían rendir peor que República Dominicana. Rinden mejor, y por un margen que equivale, según las propias escalas de la OCDE, a más de un año completo de escolaridad.

Esto no es un accidente estadístico. Es la prueba de que el problema no es cuánto tiene el país, sino a quién se destina lo que tiene. Mientras la élite dominicana escolariza a sus hijos en colegios privados bilingües y los envía a universidades en el extranjero, el 91% de los estudiantes de la escuela pública no alcanza el nivel básico en Matemática y tres de cada cuatro quedan por debajo del umbral mínimo en Ciencias y Lectura. El sistema educativo dominicano no está fallando: está funcionando exactamente como fue diseñado, reproduciendo la desigualdad de una generación a la siguiente.

El dato que sí incomoda al poder
Hay una cifra en el informe de 2025 que merece más atención de la que recibirá: el nivel socioeconómico explica apenas el 10% de la variación en el desempeño científico dominicano, por debajo del promedio de la OCDE del 12%.

A primera vista parece una buena noticia, “aquí el origen social pesa menos”. Pero hay que leerla al revés: no es que en República Dominicana la desigualdad de origen importe poco, es que el piso es tan bajo para todos los sectores, incluida buena parte de las clases medias, que la variable que normalmente distingue a ricos de pobres deja de discriminar porque casi nadie está aprendiendo lo suficiente. No es equidad. Es una precariedad generalizada.

Lo que hay que exigir, no lo que hay que “recomendar”

Los informes técnicos del Banco Mundial, del Minerd, de las ONG educativas seguirán proponiendo lo de siempre: capacitación docente, tecnología, currículo. No está mal, pero es insuficiente si no se indica, con nombre y apellido, dónde está el bloqueo real. Desde esta columna, la agenda es otra:

1. Fiscalización real del 4% del PIB destinado a la educación. La ley existe desde 2013, la cifra se cumple en el papel, pero hay que auditar públicamente en qué se gasta: cuánto va a infraestructura sin mantenimiento, cuánto a nómina política del Minerd, cuánto llega efectivamente al aula. Sin trazabilidad, el 4% es un número, no una política.
2. Condiciones dignas y salario real para el magisterio, no como dádiva sino como condición de posibilidad: un maestro con dos empleos para llegar a fin de mes no puede sostener la exigencia pedagógica que estos resultados reclaman.
3. Romper la segregación de facto entre la escuela pública y la privada en la toma de decisiones de política: ningún ministro, viceministro o director regional debería diseñar política pública para una escuela pública a la que no manda a sus propios hijos. Mientras la clase dirigente educa a su descendencia fuera del sistema que administra, no tiene incentivo estructural para arreglarlo.
4. Organización de base: juntas de padres, madres y maestros con poder real de fiscalización local, no como comité decorativo sino como contrapeso comunitario a la gestión distrital. La mejora educativa no vendrá de un decreto; vendrá de que la comunidad organizada exija cuentas escuela por escuela.
5. Poner la comparación con Brasil, Perú y Colombia en el centro del debate público, precisamente porque desmonta la coartada de la pobreza. Es un argumento que hay que repetir hasta que se vuelva sentido común: no es que no podamos, sino que no se ha querido.

PISA 2025 no es una foto del atraso dominicano. Es una radiografía de sus prioridades reales.

JPM

El reciente Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de CAPEL, aporta un elemento particularmente interesante para comprender una de las contradicciones de nuestro sistema político: mientras la abstención crece en las grandes ciudades, en algunas zonas rurales y comunidades con fuertes redes territoriales la participación electoral se mantiene en niveles más elevados.

Entre las explicaciones que plantea el estudio aparece una realidad que durante mucho tiempo ha formado parte del debate político dominicano: el peso de las redes comunitarias y de las dinámicas de clientelismo político.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿queremos simplemente aumentar la cantidad de personas que votan o queremos construir una ciudadanía que vote con mayor libertad, información y convicción?

El clientelismo puede ser eficaz para movilizar electores. En determinadas comunidades, las relaciones de dependencia, intermediación política, ayudas individuales y redes territoriales pueden convertirse en mecanismos que acercan al ciudadano al proceso electoral. Pero una cosa es movilizar y otra muy distinta es fortalecer la participación democrática.

Una democracia sólida no debería depender de la capacidad de un partido, candidato o dirigente para activar una red de favores el día de las elecciones. El ideal democrático es que el ciudadano acuda a las urnas porque comprende la importancia de su voto, evalúa propuestas, compara candidatos y ejerce libremente su derecho a decidir quién debe representarlo.

El estudio sobre la abstención ofrece, precisamente, señales de una creciente inconformidad con la política tradicional. Una parte importante de los ciudadanos que decide no votar no lo hace necesariamente por apatía. Su abstención puede representar una expresión consciente de rechazo hacia candidatos que no convencen, promesas incumplidas, prácticas clientelares y una forma de hacer política que muchos consideran agotada.

Esta realidad debe llamar la atención de los partidos políticos

Durante décadas, una parte de la competencia electoral ha estado asociada a la capacidad de movilización territorial. Sin embargo, el contexto actual parece estar enviando un mensaje diferente: las viejas formas de movilización pueden conservar influencia en determinados territorios, pero ya no son suficientes para construir legitimidad ni para reconectar con una ciudadanía cada vez más crítica.

El contraste territorial que revela la investigación es significativo. Las zonas urbanas más desarrolladas del país presentan mayores niveles de abstención, mientras que en zonas rurales persisten formas de participación más elevadas, vinculadas, entre otros factores, a redes comunitarias y dinámicas clientelares. El desafío consiste en no interpretar este fenómeno como una invitación a fortalecer esas prácticas, sino como una oportunidad para preguntarnos qué tipo de participación queremos construir.

Porque una democracia puede registrar una elevada participación electoral y, aun así, tener una ciudadanía débilmente conectada con el debate público. Del mismo modo, una baja participación puede expresar una profunda crisis de representación que ninguna fundita, ayuda circunstancial o mecanismo de movilización podrá resolver de manera sostenible.

La abstención de 45.6 % registrada en las elecciones generales de 2024 constituye una advertencia suficientemente seria. El estudio del IIDH-CAPEL demuestra que el problema de la participación no tiene una explicación única y que la respuesta no puede limitarse a mejorar aspectos logísticos o desarrollar campañas genéricas para incentivar el voto. Se requiere, sobre todo, una respuesta política.

Eso implica fortalecer la calidad de la oferta electoral, mejorar los mecanismos de selección de candidaturas, promover partidos más cercanos a la ciudadanía y reducir las prácticas que convierten la relación entre representantes y representados en una simple transacción de corto plazo.

El clientelismo puede movilizar. Puede producir participación y puede ayudar a explicar por qué determinados territorios mantienen niveles de votación superiores a otros. Pero no necesariamente genera confianza en las instituciones, compromiso con lo público ni una ciudadanía más fuerte.

El reto hacia 2028 debe ser superar la idea de que el éxito democrático consiste únicamente en llenar las urnas. Necesitamos llenar las urnas, sí, pero con votos que expresen convicción y confianza en el proceso democrático.

La gran tarea es pasar de una política que moviliza ciudadanos mediante la dependencia a una política que los convoca mediante ideas, propuestas y resultados.

Ese es, quizás, uno de los debates más importantes que nos deja el estudio sobre la abstención: no basta con lograr que la gente vote; debemos trabajar para que vuelva a creer que votar vale la pena.

fujudel@gmail.com

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