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Las recientes declaraciones de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP) colocaron el debate sobre la deuda vieja de los contratistas estatales en el terreno peligroso de confundir depuración legal con negación absoluta de derechos adquiridos.
Según los reportes, la FP fijó su posición en el entendido de que el proyecto que ordena el pago de esa deuda permitiría hacer desembolsos millonarios por obras no contratadas conforme a la ley.
Desde la óptica de decenas de contratistas aglutinados en el denominado Comité Institucional Codiano (CIC), esa posición parte de una generalización injusta, en virtud de que no todos los contratistas incluidos en el proyecto están en la misma condición jurídica.
Es de dominio público que entre las personas físicas y jurídicas incluidos como acreedores del Estado hay tres grupos de contratistas que enfrentan situaciones jurídicas diferentes, para las cuales se deben adoptar mecanismos diferenciados de validación y reconocimiento de las deudas que reclaman.
Hay obras ejecutadas, supervisadas, recibidas y en uso por la población desde hace largos años y reducir todo ese universo a “pagos ilegales” equivale a desconocer que el propio Estado usufructúa esas obras y ha recibido un enriquecimiento ilícito.
La FP tiene razón en defender la transparencia, la legalidad presupuestaria y el control del gasto público, pero el error está en convertir esa preocupación legítima en una condena previa contra contratistas que no son responsables del desorden administrativo estatal.
El debate correcto no debe ser “pagar o no pagar”, sino cómo depurar, sanear, validar y pagar conforme a derecho, y eso es lo que se plantea en el proyecto que ya fue convertido en ley por la Camara de Diputados.
Ahí está el punto central que los contratistas del CIC han venido planteando: establecer mecanismos diferenciados para quienes tienen contratos formalizados, para quienes ejecutaron obras por instrucción administrativa y para quienes sufren la desaparición de documentos generados por el propio Estado.
Lo que no puede aceptarse es que el discurso político termine revictimizando a ingenieros y contratistas que llevan decenas de años esperando cobrar obras ejecutadas.
Debe quedar absolutamente claro el hecho de que la deuda vieja con contratistas del Estado aglutinados en el CIC no es un invento.
Más del 60% de esa deuda se originó en gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), medio político donde se originó la Fuerza del Pueblo y que hoy
pretende cuestionar su pago.
Surge una pregunta inevitable: ¿cómo se cuestiona hoy una deuda que ellos mismos generaron y que tuvieron el poder de resolverla?
Pero hay algo aún más grave, pues este no es un tema improvisado ya que el proyecto fue debatido y convertido en ley por la Cámara de Diputados. Es una decisión del Congreso Nacional.
