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El mes pasado, la secretaria DeVos testificó ante el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes con respecto a las prioridades del Departamento de Educación durante su mandato y administración. Su testimonio -después de más de 16 meses desde su frágil confirmación-, fue la primera vez que la secretaria DeVos compareció ante el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes para responder preguntas y compartir informes actualizados de la agencia.
Durante la audiencia, tuve la oportunidad de preguntar a la secretaria DeVos sobre el miedo generalizado derivado de casos reportados en los cuales estudiantes indocumentados o sus tutores han sido detenidos cerca de escuelas o incluso reportados por maestros o administradores escolares a agentes de la ley, lo que llevaría a una potencial deportación.
Mi objetivo era simplemente enfatizar que la retórica sobre inmigración de la Administración Trump y las acciones agresivas de aplicación de la ley han creado miedo y ansiedad en las comunidades de todo el país que impactan directamente a nuestras escuelas, estudiantes y familias. Pero durante nuestro intercambio, se hizo evidente que la secretaria DeVos no conoce ni comprende las leyes que tiene a su cargo mantener. Ya sea por desinformación o de manera inconsciente, el testimonio inexacto de la secretaria DeVos es perjudicial y debe corregirse.
Si bien la Oficina de Prensa del Departamento de Educación publicó una declaración muy breve atribuida a la secretaria DeVos, solo se distribuyó a una audiencia limitada de partes interesadas, y desde el 4 de junio de 2018, no está disponible públicamente.
Yo, junto con mis colegas en ambas cámaras del Congreso, siento que la declaración que siguió al testimonio de la secretaria DeVos dista mucho de ser adecuada y no aborda nuestras preocupaciones ni alivia las preocupaciones de estudiantes y padres por igual. Como Secretaria de Educación, sus palabras y acciones importan. Esta carta, firmada extraordinariamente por más de 100 miembros, explícitamente le pide a la secretaria DeVos que corrija públicamente su testimonio inmediatamente.
La carta, liderada por el congresista Espaillat y firmada por 118 miembros del Senado y la Cámara, pide a la secretaria DeVos que garantice que los estados y distritos escolares cumplan con la decisión de la Corte Suprema de 1982 sobre el caso Plyler v. Doe que establece que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio o el estatus de sus padres, tienen derecho a una educación pública de K-12; y afirma aún más la misión del Departamento de Educación de fortalecer el compromiso federal para garantizar el acceso a oportunidades educativas iguales para cada individuo.
